Los fruticultores estallan y denuncian a almacenes por abusos en los precios
Treinta agricultores abren procesos de la cadena alimentaria por obligarles a entregar la fruta sin contrato ni tasación. Los expedientes afectan a empresas asentadoras de Lleida y de Huesca
Los agricultores del Baix Cinca han decidido defender sus derechos con la ley de la Cadena Alimentaria.
Los agricultores del Baix Cinca han estallado ante lo que califican como inercias abusivas de las empresas asentadoras y de la industria, y han comenzado a presentar contra varias de ellas, tanto de Lleida como de Huesca, denuncias por vulnerar la normativa de la cadena alimentaria ante la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) del ministerio de Agricultura y, según el domicilio social de los almaceneros, ante las consejerías del ramo de la Generalitat y del Gobierno de Aragón.
Solo el despacho Mas Farré Abogados, de Monzón, tramita quince demandas administrativas de ese tipo. Paralelamente organizaciones agrarias como Uaga han recibido un volumen similar de requerimientos de afiliados para poner en marcha procesos similares.
Las denuncias, que se concentran en ámbitos como la cereza, la ciruela, el melocotón, la pera y la manzana, además de la almendra, ponen sobre la mesa la habitualidad con la que en el sector agrario, y especialmente en el ámbito de la fruticultura, se vulneran varios de los principios básicos de una relación mercantil: ausencia de contrato, inexistencia en muchos de los que llegan a firmarse del cálculo de los costes de producción para evitar la venta a pérdidas y, también, incumplimiento de los plazos de pago.
Los procedimientos de la ley de la Cadena Alimentaria son uno de los compromisos que las organizaciones agrarias lograron arrancar a las administraciones con las movilizaciones de 2019.
Las infracciones y las consiguientes sanciones por el incumplimiento de las obligaciones que establece la ley de la cadena alimentaria se estructuran en tres niveles: la falta de contrato escrito, la ausencia de los contenidos obligatorios como el precio y los plazos, pagar fuera de fecha y no comunicar al agricultor las modificaciones del acuerdo se considera falta leve y conlleva multas de 250 € a 3.000 €, mientras que no formalizar los contratos o pagar por debajo del coste de producción sería una falta grave, con multas de hasta 100.000 €. Son muy graves, con sanciones de hasta un millón, las reincidencias en infracciones graves.
Paralelamente, la normativa incluye la publicación de las sanciones a las empresas, con la especificación del tipo de infracción y la cuantía de la multa.
“El reto es lograr un recorrido judicial y resarcir a las víctimas”
“La ley de la Cadena Alimentaria es una normativa a la que le falta publicidad o promoción. Debería ser más conocida”, explica Juan Mas Farré, abogado cuyo despacho está tramitando quince demandas de agricultores de la Franja contra almacenes e industrias por abusar en las transacciones. “Estamos en la vía administrativa, en la que puede haber sanciones para las empresas infractoras, pero el reto es lograr que haya un recorrido judicial para que los perjudicados puedan ser resarcidos”, señala el letrado, que compara este tipo de procedimientos con los que se dan en casos de abusividad, como los de las cláusulas suelo. En este caso, anota, la parte débil es el agricultor, que “a veces se ve en la necesidad de coger el dinero que le ofrecen para evitar una situación de insolvencia y porque sabe que, si no, al final no va a cobrar de nadie”.
