MUNICIPIOS
Otros cinco millones para la rehabilitación de viviendas
El Govern las destina también a particulares y cooperativas. Compatibles con las de la Diputación para municipios rurales
El director general de Vivienda de la Generalitat, Jordi Mas, presentó ayer ante una veintena de alcaldes de Lleida una nueva línea de ayudas del Govern para la rehabilitación de viviendas, dotada con un presupuesto de 5 millones de euros, que además de ofrecer financiación a los ayuntamientos beneficiarios del Estatut de Municipi Rural, también incluirá a particulares que “usen un piso vacío de un municipio rural como vivienda propia o de un familiar”. También podrán optar los particulares que destinen sus propiedades vacías al alquiler mediante bolsas de vivienda, y las cooperativas en estos municipios o que dispongan de una cesión de uso y asuman la rehabilitación.
El anuncio de este programa impulsado por la Generalitat llega solo una semana después de que la Diputación anunciara una línea de ayudas de 3,5 millones de euros para fomentar la disponibilidad de vivienda en municipios con riesgo de despoblación, y que los ayuntamientos beneficiarios podrán destinarlos a la compra, construcción, rehabilitación o mejora de inmuebles para destinarlos a alquiler social de primera residencia. La corporación provincial cubrirá, como máximo, el 90% del coste total de la actuación, que será de hasta el 95% en el caso de municipios rurales más pequeños, con un importe máximo de 100.000 euros.
En el caso de las ayudas del Govern no está contemplada la compra, pero sí el resto de escenarios que permiten las ayudas de la Diputación, por lo que Mas consideró que estas ayudas “son totalmente compatibles, y como se dirigen a la generación de vivienda asequible, se podrán sumar y permitirán subvencionar el 100% de las actuaciones en Lleida”.
Con esta iniciativa, que el Govern prevé repetir en los próximos años, los particulares podrán optar a ayudas de entre 10.000 y 20.000 euros, mientras que las cooperativas podrán solicitar entre 25.000 y 40.000 euros. Las cantidades más elevadas se reservan para los ayuntamientos, que podrán solicitar entre 40.000 y 70.000 euros.