El obispado cede 13 pisos a Rialp
En la avenida del Riu, para convertirlos en vivienda social destinada a familias y jóvenes. Una vez se consolide la operación, el ayuntamiento tomará medidas para desalojar a los okupas

Los bloques de pisos están ubicados en la Avenida del Riu, en el centro de la localidad. - A.R.
El obispado de Urgell y el ayuntamiento de Rialp han acordado que la diócesis ceda al consistorio un total de 13 pisos ubicados en la avenida del Riu por un plazo de 75 años para habilitar viviendas sociales destinadas a jóvenes y familias. Las viviendas forman parte dos bloques de 20 pisos cada uno —en uno hay seis y en otro siete—, y una vez el consejo episcopal dé el visto bueno definitivo, pasarán ser gestionadas por el consistorio, según explicó el alcalde de la localidad, Gerard Sabarich. Una vez esté sellado el acuerdo, los técnicos del ayuntamiento acudirán al inmueble para valorar qué actuaciones se deben abordar, ya que según Sabarich, la promoción todavía no está finalizada, lo que supondrá que el consistorio deba buscar financiación institucional.
Se trata de pisos de una y dos habitaciones, habilitadas con cocina y baño. El alcalde indicó que el ayuntamiento se quedará uno para poder utilizarlo en caso de emergencia, como por ejemplo, reubicar a vecinos tras una situación extrema. Sabarich, además, agradeció que el obispado optara por el ayuntamiento de Rialp “para gestionar un proyecto de esta envergadura”, ya que, en un principio, la diócesis iba a ceder las viviendas a la Generalitat. Cuando estén bajo su competencia, remarcó el primer edil, el consistorio abordará los trámites para desalojar a los okupas que viven en algunos de los pisos de ambos bloques.
El pasado año el obispado de Urgell, junto con el ayuntamiento de Rialp y la empresa Consulting Pallars, presentó una denuncia solicitando el desalojo de uno de los bloques. El procedimiento penal se saldó con seis encausados absueltos por el Juzgado de Tremp, y el posterior recurso del obispado ante la Audiencia de Lleida fue igualmente desestimado, dejando sin efecto cualquier medida judicial inmediata.
Los okupas, agrupados bajo el colectivo L’Aixeta, consideraban que el edificio es un “centro social liberado” donde, según explicaron en su momento en sus redes sociales, buscaban “dar una segunda vida a un espacio abandonado para fomentar la cultura y la convivencia”. Durante el último año han organizado talleres, cursos, sesiones de terapia grupal y entrenamientos de artes marciales o proyección de películas.
Quejas vecinales
El caso ha generado también fricciones con el vecindario con quejas desde hace tiempo. Sabarich ya explicó el pasado año que “en el bloque vivían varios animales que provocaban ruidos y molestias, especialmente en la llar d’infants próxima”. Añadió que se han producido episodios de incivismo relacionados con las mascotas y que “algunos vecinos han llegado a discutir con los okupas”, lo que ha llegado a requerir presencia policial. Esta situación cambiará en los pisos cuando los gestione el consistorio, según el alcalde.