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Pobles Vius lleva la protesta contra la planta de biogás de La Sentiu a las puertas de Territori

Les entidades contrarias al proyecto y una veintena de ayuntamientos amenazan con presentar un contencioso administrativo

La protesta delante del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

La protesta delante del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.Albert Hernàndez

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La plataforma Pobles Vius ha trasladado su oposición contra la construcción de la planta de biogás de La Seniu de Sió a las puertas del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. Una movilización delante de la sede del departamento porque este martes se vota la aprobación del plan urbanístico para instalar esta infraestructura, en el marco de la Comisión de Urbanismo de Cataluña.

El miembro de la organización Gerard Batalla ha advertido que los movimientos contrarios al proyecto y los 27 ayuntamientos afectados están dispuestos a interponer un contencioso administrativo contra este plan urbanístico. Batalla ha cargado contra “el trato colonial” de Territorio “para poner el país al servicio de fondo de inversión”.

En torno a una veintena de personas se han concentrado en la entrada de Territori y han lanzado proclamas contra el proyecto como ‘especuladors, polítics inversors’, ‘el biogàs em toca el nas’ y ‘la màfia de Dinamarca contamina la comarca’. Batalla ha afirmado que la factoría proyectada “no se adapta a las necesidades del territorio” y que “han falseado los números de empleo y los contratos con los ganaderos”.

El integrante de la entidad ha calificado la construcción “de ilegal”, porque no respeta la distancia mínima de bioseguridad con la ubicación de una granja en la zona. Al mismo tiempo, ha advertido que se convertirá suelo agrario “en un gran vertedero”, porque la promoción de una planta de biogás con purines “es un pretexto para justificar la colocación de más del 50% de residuos que no son purines”. El miembro de Pobles Vius ha apuntado que la voluntad es que el combustible que se genere “sea comercializado por un monopolio que es el de Naturgy”.

Batalla ha criticado el posicionamiento de los departamentos de Agricultura y Territorio hacia las poblaciones y los vecinos afectados: “No hay prácticamente ningún ganadero que se haya adherido al proyecto”. El representante de Pobles Vius ha criticado que la consellera Sílvia Paneque haya convocado a los alcaldes de la zona “30 minutos antes de la reunión de la comisión en Lleida” y haya evitado que se manifestaran con ellos. Por eso, ha insistido “en el trato colonial al servicio de cuatro multinacionales y fondo de inversión para destruir la tierra y convertir Ponent en un vertedero”.

El miembro de la organización ha dicho que, aparte de esta aprobación urbanística, queda pendiente la autorización ambiental de la planta de biogás. “Posiblemente llegue a finales de año”, ha calculado y, junto con el plan urbanístico, “el Ayuntamiento de la Sentiu de Sió se planteará” si otorga la licencia de obras. Por este motivo, ha remarcado que “todavía tiene un largo recurrido”.

El pasado mes de junio se aprobó provisionalmente, en la sesión de la comisión territorial de Urbanismo de Lleida, el plan especial urbanístico autónomo en suelo no urbanizable para la implantación de una planta de producción de biogás. Era un paso previo para que la comisión de Cataluña de este martes lo ratificara.

Cartas de 27 alcaldes

La aprobación definitiva del plan ha llegado una semana después de que 27 alcaldes de Ponent enviaran una carta a Paneque para parar el proyecto, así como al director de la promotora Copenhagen Infraestructure Service Co (CIP), Javier Prades. También reclamaban una reunión urgente y una visita sobre el terreno donde está prevista la construcción de la factoría. En el escrito, los alcaldes alertaban de que la planta no respondía a las necesidades ganaderas reales y denunciaban que se necesitaría al menos un 50% de residuos no locales por generar biogás, ya que no hay bastante producción de purines en la zona.

Por otra parte, los alcaldes calculaban que la construcción de la infraestructura supondría un incremento de la circulación de camiones, en torno a unos 31.000 cada año. Por este motivo, consideraban que va en contra de la sostenibilidad.

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