Una veintena de piezas de la Franja del Museo de Lleida ya están en Barbastro

Una veintena de piezas de orfebrería de las parroquias de la Franja en litigio ya estan en el Museo Diocesà de Barbastro. Han salido del Museo de Lleida durante la mañana.

Se trata, sólo, de una parte de las 111 que la jueza fijó que tenían que llegar al Aragón como muy tarde el 15 de febrero. El Consorcio del Museo de Lleida ha anunciado la decisión este lunes, después de que el Obispado de Lleida, propietario de las obras, comunicara por carta la voluntad de entregarlas a los órganos judiciales.

Los próximos días, el Consorcio presentará un plan para entregar el resto de bienes, cuando se resuelva el concurso de manipulación, embalaje y traslado convocado por el Museo de Lleida.

Con todo, el Consorcio ha denuncia la "instrumentalización" del Tribunal Supremo de Justicia de Aragón, con "contradicciones no resueltas y la indefensión" de las administraciones consorciadas.

Por su parte, el gobierno de Aragón y el Obispado de Barbastro-Monzón han asegurado durante un acto esta mañana que esperaban que el Museo de Lleida las entregara para no llegar en el extremo de la resolución que se dio con Sigena.

El día en el que finaliza el plazo fijado por el juzgado para hacer efectiva la entrega, el obispo Ángel Pérez ha dicho que es un día "histórico y soñado por Aragón". Así, ha remarcado que el Museo Diocesano de Barbastro hace diez años que está preparado para acoger las piezas y ha extendido la mano a "tejer puentes de colaboración" con Catalunya en proyectos culturales.

El consejero de Cultura aragonés, Felipe Faci, ha dicho que las obras "no pueden estar en ningún otro lugar"  que en el Museo de Barbastro.

El plazo para enviar a Aragón las 111 obras originarias de parroquias de la Franja del Museo de Lleida vencía este lunes.

Si el viernes pasado por la mañana, en un escrito adjunto a la resolución de la magistrada del juzgado de Primera Instancia número 1 de Barbastro, Pilar Juste, se admitía a la Generalitat en el proceso de ejecución provisional de los bienes y se hablaba "de un nuevo calendario de entrega", pocas horas después, una nota de aclaración del Tribunal Superior de Justicia de Aragón mantenía el calendario inicial, fijado en el 15 de febrero. El tribunal también advertía de "medidas" en caso de que los bienes no se entreguen en el plazo establecido.

Una ejecución provisional dictada en diciembre de 2020

El auto de ejecución provisional se dictó el pasado 17 de diciembre de 2020 y fijaba que la entrega de los bienes de la Franja tenía que hacerse el 15 de febrero. El documento señalaba que no se podía interponer recurso aunque si que se podían presentar escritos de oposición a la ejecución provisional dictada. Unos escritos presentados por la parte catalana que no obstante, también inició el proceso para cumplir la ejecución provisional con la convocatoria de un concurso para adjudicar a una empresa el proceso de traslado de las obras.

En concreto, a la ejecución provisional se han opuesto el Obispado de Lleida y el Consorcio del Museo de Lleida.

Según el comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, antes de que el responsable judicial del órgano pudiera responder a estos escritos de oposición, la Generalitat pidió su adhesión al proceso de ejecución y así se ha resuelto ahora de forma favorable por la jueza con el auto que ha dictado este viernes.

Un litigio iniciado en los años 90

El litigio empezó en 1995, momento en el que las 43 parroquias de la Franja de Aragón (entre las cuales hay las de Buira, Bafaluy, Ardanué, Benavent de Ribagorça, Eixea, Fraga, Rueda de Isábena, Monzón y Tamarite de Litera) que habían pertenecido a la Diócesis de Lleida, pasaron a formar parte de la de Barbastro-Monzón, creada hacía unos meses, en Huesca. Las parroquias se movieron de diócesis, pero no lo hicieron los bienes que habían pasado al Museo Diocesà, a pesar de las reclamaciones en los juzgados eclesiásticos.

La parte catalana defiende que los papeles acreditan la compra a los responsables de las parroquias, mientras que la parte aragonesa defiende que sólo están en depósito y que tienen que volver a su lugar de origen, una tesis que avaló el juzgado de Barbastro, una sentencia de primera instancia que no es firme.