Sindicatos y entidades agrarias reclaman al Govern soluciones a las trabas que tienen con las ZEPA en Ponent

Sindicatos y entidades agrarias han presentado al Departamento de Territorio un conjunto de reclamaciones en relación con las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) que en Ponent afectan a unas 14.000 hectáreas de cultivo que tienen limitaciones. La portavoz del Gremi de la Pagesia, Mar Ariza, ha apuntado que después de 20 años de su implantación habría que hacer un estudio técnico independiente que analice la evolución del campesinado en estas zonas así como que calcule el número de fincas que han quedado yermas. El sector ve las ZEPA como una imposición que les va en contra a ellos, pero también para la biodiversidad, ya que el hecho de no poder trabajarlo favorece la propagación de incendios.

Mar Ariza ha calificado “de histórico” el momento vivido este miércoles en las puertas de los servicios territoriales de Territori en Lleida por el hecho de que todas las organizaciones agrarias se han unido para consensuar una serie de reclamaciones sobre las ZEPA que afectan a las comarcas de Ponent. Aparte del Gremi de la Pagesia Catalana, había representantes de Unió de Pagesos (UP), JARC, ASAJA y regantes del canal Segarra-Garrigues, que es donde mayor afectación hay de las ZEPA. Ariza ha añadido que la reclamación se hace en respuesta a la reunión mantenida el pasado 21 de marzo sobre esta cuestión y del cual todavía no han recibido ninguna información por parte del Govern.

El sector considera que no tiene “ningún sentido” mantener normativas de protección de unas aves que en la mayoría de lugares ya no están. Por eso ha reclamado la elaboración de un estudio independiente para verificar si están o no, y qué consecuencias ha tenido para los agricultores en los últimos 20 años las zonas ZEPA. Ariza ha asegurado que hay muchas fincas yermas, que no se han cultivado durante este periodo y eso representa un indicador del impacto socioeconómico de las medidas de protección. En este sentido, han reclamado una revisión de los criterios de aplicación de las normas del Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje, un replanteamiento del proyecto de regadío del canal Segarra-Garrigues y la revisión de la declaración de impacto ambiental (DÍA).

Ariza también ha remarcado que las ZEPA sólo afectan al llano de Lleida y al sector agrícola y ha lamentado que en caso del proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat, en unos terrenos también protegidos, en este caso la Administración “se lo mira con otros ojos”.

El principal perjuicio que tienen los agricultores con fincas en zonas ZEPA es que no está permitido el regadío. La sequía de las últimas campañas ha condicionado la viabilidad de muchas explotaciones. Les medidas de protección de las aves también limitan las prácticas que se pueden hacer a los terrenos, ya que cuando es periodo de nidificación se tiene que detener toda la actividad agrícola. La aplicación de fitosanitarios como herbicidas o insecticidas está totalmente limitada y también hay algunos cultivos que no están permitidos. Eso hace que proliferen las malas hierbas y no pueda haber una rotación de cultivos.

En este sentido, el sector considera que todo eso juega en contra a la hora de contribuir a mantener la biodiversidad y minimizar el riesgo de incendio. Señalan que a los fuegos que ha habido recientemente, ha quedado demostrado que en las zonas donde hay intervención agrícola la propagación del fuego se frena, y, en cambio, en las zonas protegidas es más complicado parar las llamas.