Unos 60.000 autónomos españoles siguen pendientes de reclamaciones por ayudas por la covid
Cuatro años después de la pandemia, un 40% de las prestaciones revisadas sigue en proceso de tramitación, generando incertidumbre en el colectivo
Imagen de archivo de un trabajador.
Aproximadamente 60.000 trabajadores autónomos continúan a la espera de resolver las reclamaciones efectuadas por las mutuas sobre las prestaciones concedidas durante la pandemia. Según estimaciones de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), estas ayudas están siendo solicitadas para su devolución por supuestos incumplimientos o justificaciones inadecuadas de los requisitos establecidos en su momento.
De los 1,7 millones de prestaciones por cese de actividad otorgadas en los años 2020 y 2021, unas 150.000 han entrado en proceso de revisión, de las cuales el 60% ya se ha resuelto, mientras que el 40% restante -esas 60.000 ayudas mencionadas- sigue pendiente de resolución, según datos facilitados por UPTA a la agencia EFE. Ni la patronal de mutuas AMAT ni el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han proporcionado cifras oficiales sobre estas reclamaciones cuando han sido consultados.
"Todavía están en proceso. No disponemos de estos datos", han asegurado desde AMAT. Eduardo Abad, presidente de UPTA, explica que la principal dificultad para los casos pendientes radica en la imposibilidad de justificar documentalmente la caída de ingresos sufrida, requisito fundamental para acceder a dichas prestaciones.
Casos reales: entre la resignación y la lucha legal
Las circunstancias son diversas entre los afectados. Algunos autónomos han optado por pagar las cantidades reclamadas para evitar procesos administrativos prolongados, mientras que otros, sin respaldo financiero suficiente, se enfrentan a situaciones complicadas.
Marina (nombre ficticio) representa uno de estos casos. La Comunidad de Madrid y la Seguridad Social le reclaman más de 7.000 euros por ayudas y exenciones de cuotas percibidas entre septiembre de 2021 y junio de 2022. "Ese dinero se pidió en un momento que hacía mucha falta y se destinó a necesidades básicas", explica, manifestando su frustración ante unas notificaciones que no aclaran completamente los motivos de la reclamación.
Otro ejemplo es Álvaro, profesional del ámbito educativo, a quien Asepeyo reclama más de 11.000 euros correspondientes a tres tramos de ayudas trimestrales. El motivo: haber estado dado de alta en la Seguridad Social durante 24 horas para realizar una suplencia en una residencia por la que cobró 140 euros, cuando supuestamente no podía percibir otros ingresos además de la prestación.
Álvaro ha demandado a la mutua alegando falta de proporcionalidad y amparándose en el principio de buena fe que, según la "doctrina Cakarevic", exime de devolver prestaciones destinadas a cubrir necesidades básicas. Su caso se dirimirá en los tribunales en octubre de 2027, dos años y medio después del momento actual.
Gestión desbordada durante la pandemia
Estas prestaciones extraordinarias se implementaron durante la crisis sanitaria para proteger a un colectivo habitualmente excluido de determinados mecanismos de protección social, generando una sobrecarga administrativa sin precedentes.
El Tribunal de Cuentas ya señaló en su momento que la gestión masiva de expedientes durante la emergencia provocó diversas deficiencias, como "resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas" o autorizaciones emitidas por órganos no competentes. Los organismos responsables priorizaron entonces la rápida concesión de ayudas sobre los controles previos de requisitos, situación que afectó tanto a los ERTE como a las prestaciones para autónomos.
El futuro del cese de actividad
Más allá de las complicaciones con las prestaciones extraordinarias de la pandemia, los datos actuales muestran que el sistema regular de protección para autónomos sigue presentando deficiencias. La mitad de las solicitudes por cese de actividad son rechazadas, según cifras recopiladas por UPTA hasta mayo de 2025.
Concretamente, de las 7.781 solicitudes presentadas en lo que va de año, solo 3.948 han sido aprobadas. Ante esta situación, el Ministerio de Inclusión se ha comprometido a simplificar y mejorar esta prestación, conocida coloquialmente como "el paro de los autónomos", mediante una mesa de trabajo que incluye a los agentes sociales y las principales asociaciones del sector.
