El Parlament debate las medidas urgentes de apoyo al sector agrario

El Parlament ha de votar en el pleno que está en marcha esta semana, previsiblemente hoy, la convalidación o derogación del decrecto de medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal, que ayer publicó el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El texto, aprobado hace un mes por el Consell Executiu, incluye medidas para “asegurar la viabilidad del sector agrícola y ganadero a raíz de las crisis sucesivas que le han afectado desde el 2019”, e incluye la revisión de algunas tasas y la creación de nuevas líneas de ayudas y la reducción de trámites burocráticos. Como publicó SEGRE, prevé la reducción del 95% (el 99% para los jóvenes agricultores) del impuesto de sucesiones y donaciones para la transmisión de explotaciones y participaciones. Las reducciones se repiten en el caso del impuesto de transmisiones patrimoniales en las compraventas de fincas rústicas.

Entre otras medidas, el texto prevé la exención de la tasa para el certificado sanitario asociado al movimiento de ganado en situación de declaración oficial de enfermedad, como la dermatosis nodular contagiosa, así como líneas para las explotaciones de bovino afectadas por esta enfermedad. También recoge medidas de apoyo para la recuperación de la productividad o la limpieza y desinfección de ls explotaciones afectadas por la tuberculosis bovina. Este año 2025 se han declarado sendos casos en el Alt Urgell y el Solsonès, según el registro oficial del ministerio de Agricultura. Además, incluye medidas para el control poblacional de especies cinegéticas y recoge un anexo con baremos de indemnizaciones por los daños causados por las especies protegidas de la fauna salvaje en la ganadería. Por ejemplo, una oveja reproductora con aptitud lechera de más de 12 meses se sitúa en 209 euros. Una vaca con aptitud cárnica puede llegar a los 2.150 euros.

Otro decreto que debería aprobar el Parlament de Catalunya en este pleno se ha impulsado a raíz del apagón eléctrico masivo del 28 de abril. Regula por primera vez las comunidades energéticas, las instalaciones de baterías para reducir el riesgo de apagón, contiene medidas para “fomentar la aceptación social y territorial de parques solares y eólicos” y prevé la creación de mesas de diálogo en cada veguería y acciones para mejorar la red eléctrica de transporte y distribución y medidas de simplificación administrativa en proyectos de energías renovables.