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Comer en España cuesta un 40% más que en 2021 mientras el IPC general sube un 20%

Los hogares de rentas bajas destinan casi el 20% de sus ingresos a alimentación, frente al 5% de las familias con mayor poder adquisitivo

Eduardo Soares / Unsplash

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Lluís Serrano
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El precio de los alimentos en España ha experimentado un incremento del 40% desde 2021, duplicando el aumento del coste de vida general, que se sitúa en el 20%. Esta divergencia refleja la pérdida de capacidad económica de las familias españolas, según revela el informe "La despensa a presión. Radiografía de la inflación alimentaria en España (2015-2025)", elaborado por EAE Business School, que forma parte de la red Planeta Formación y Universidades.

El estudio documenta cómo la inflación en alimentación se ha desacoplado del Índice de Precios al Consumo (IPC) general durante la última década, convirtiéndose en un fenómeno estructural. A pesar de que el IPC se ha moderado hasta el 2,9% en 2025, los precios no han experimentado descensos, sino que se han consolidado en los niveles alcanzados durante 2023 y 2024. Según explica el informe, se ha producido un "efecto escalón" derivado de cambios permanentes en la estructura de costes laborales, energéticos y climáticos.

Samer Ajour El Zein, autor del estudio y vicedecano de Investigación de EAE Business School, advierte sobre el impacto del contexto geopolítico: "La guerra en Oriente Medio impulsa la inflación global al encarecer el petróleo y el gas, con riesgo de disrupciones en el estrecho de Ormuz. Esto aumenta los costes de transporte, fertilizantes y energía, presionando al alza los precios de los alimentos y productos de consumo que llegan a la UE".

Impacto desigual según el nivel de renta

El análisis de EAE Business School constata que la inflación alimentaria actúa como un impuesto regresivo que penaliza de forma desproporcionada a los hogares con menos recursos. Mientras las familias de rentas bajas dedican cerca del 20% de sus ingresos a la compra de alimentos, las rentas altas apenas destinan un 5% a este concepto, lo que supone un castigo tres veces superior para los grupos más vulnerables.

Los datos de 2024 reflejan que el 9,1% de la población española manifiesta llegar a fin de mes con mucha dificultad, situándose la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en el 25,8%. El informe subraya la importancia de las ayudas públicas destinadas a familias vulnerables, ya que su eliminación podría suponer un incremento de entre 350 y 501 euros anuales por hogar en la cesta de la compra.

Diferencias territoriales en el riesgo de pobreza

La investigación identifica notables disparidades geográficas en el impacto de la inflación alimentaria. Extremadura, Andalucía y Canarias presentan tasas de riesgo de pobreza superiores al 30%, destinando más del 20% de su renta disponible a alimentación. Paradójicamente, estas comunidades son productoras de alimentos. Por el contrario, Navarra y el País Vasco dedican solo el 12% de sus ingresos a este concepto, reflejando una mayor capacidad económica de sus habitantes.

Cambio hacia una dieta menos saludable

El encarecimiento de los alimentos ha provocado una transformación en los hábitos de consumo de las familias españolas, generando lo que el estudio denomina una "grave fractura nutricional". Las familias han reducido la compra de proteína de alta calidad, como pescado fresco y ternera, cuyo consumo ha caído cerca del 12%. En su lugar, han aumentado la adquisición de carbohidratos baratos y procesados, cuyo consumo ha repuntado un 8%.

El informe señala que la "cesta saludable" se ha encarecido un 40% más que la "cesta de supervivencia", obligando a las rentas bajas a adoptar una "dieta obesogénica" por motivos económicos. Esta situación podría derivar en un incremento de los costes sanitarios a largo plazo debido a patologías asociadas a la mala alimentación, como obesidad, diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Concentración del mercado de distribución

El estudio analiza también el sector de la distribución alimentaria en España, caracterizado por una elevada concentración empresarial. Los cinco principales operadores controlan más del 50% de la cuota de mercado, una estructura que permitió contener inicialmente el impacto inflacionario mediante mejoras en la eficiencia logística. Sin embargo, esta concentración también contribuye a la fijación de precios en el mercado. El informe revela que, de media, un producto multiplica su precio por casi cuatro veces desde el campo hasta que llega al consumidor final.

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