Cuenta atrás para dar ‘papeles’ a los 7.500 extranjeros que ya trabajan sin ellos en Lleida

Las administraciones, los agentes sociales y las entidades del tercer sector comienzan a coordinarse para facilitar a los migrantes residentes en Lleida los trámites del proceso extraordinario de regularización que, según las estimaciones que manejan, debería concluir con la expedición de permisos de residencia y trabajo a los alrededor de 7.500 extranjeros que se emplean en Lleida en la economía sumergida, sin requisitos formales ni garantías sociales. 

¿De dónde sale esa cifra? De aplicar a Lleida la tasa de empleo sumergido de Catalunya, donde la EPA (Encuesta de Población Activa) del INE (Instituto Nacional de Estadística) detecta un volumen medio de 794.700 trabajadores extranjeros, con una horquilla de 782.000 a 803.600, pero solo 684.328 de ellos están inscritos en la Seguridad Social. Ese descuadre del 16% aplicado al promedio de 46.683 trabajadores que maneja la Seguridad Social apunta a la existencia en Lleida de una bolsa de 7.469 ocupados sin papeles; y, en consecuencia, sin cotizaciones que den acce-so al paro o la jubilación, entre otras mermas de derechos. “Estamos hablando de unas proporciones similares. Ese sería el dato. La proporción es equivalente”, señaló David Moya, director general de Migraciones, Refugio y Antirracismo de la conselleria de Derechos Sociales e Inclusión. 

El grueso de esos trabajadores sin papeles se emplean en el sector de los cuidados y el servicio doméstico, cuyo peso en la fuerza laboral de ese ámbito alcanza el 45% en Lleida. “Es gente que lleva tiempo en el país, y ese es el motivo por el que se impulsa la regularización. A la gente que comparte el territorio no solo la hemos de equiparar en obligaciones sino que también deben poder compartir los derechos”, señaló el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín. “Si [las administraciones y agentes sociales] nos coordinamos, podremos resolver problemas de gente que está en Lleida. Y ellos podrán tener una vida decente en casa nostra, que es el objetivo de regularización”, anotó Gina Pol, secretaria de Igualdad de Derechos y No Discriminación

El Gobierno recupera la sanidad universal que eliminó Rajoy

El Gobierno ha regulado con un real decreto el procedimiento para reconocer el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de personas extranjeras sin residencia legal en España. La medida revierte el veto que estableció en abril de 2012 el primer Gobierno de Mariano Rajoy, que dejó sin asistencia sanitaria (sobre el papel) a todo residente que no fuera asalariado, autónomo, pensionista, desempleado o subsidiado. El derecho se reconocerá con una declaración responsable en la que el solicitante debe exponer que carece de otra cobertura sanitaria, y la residencia podrá acreditarse con el empadronamiento o, en su defecto, con certificados de escolarización, facturas de suministros o informes de servicios sociales. La solicitud activará un documento provisional que dará acceso a la asistencia sanitaria. El plazo máximo para resolver el expediente será de tres meses.