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La Paeria crea un protocolo para investigar denuncias de acoso sexual entre su personal

Se dotará de un responsable de atenderlas que apostará por la mediación o abrirá un procedimiento disciplinario || Los empleados deberán denunciar si conocen algún caso y se garantiza confidencialidad

Imagen de archivo de la sesión del último pleno del ayuntamiento de Lleida.

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La Paeria aprobará en el próximo pleno municipal un protocolo para la prevención, detección y resolución de situaciones de acoso sexual entre el personal del propio ayuntamiento. El documento especifica los comportamientos que podrían ser considerados como acoso sexual, acoso por razón de sexo (como acciones ofensivas machistas) o de identidad sexual (homofobia). Incluyen el contacto físico no deseado (desde tocamientos o roces innecesarios hasta coacciones o violaciones), insinuaciones y comentarios o bromas molestas (también por medios telemáticos), invitaciones persistentes inoportunas, la exhibición de imágenes o fotografías sugerentes o pornográficas y las miradas y gestos impúdicos o sexualmente explícitos. También se combatirán las acciones ofensivas y conductas discriminatorias o de desprecio, incluyendo el humor sexista y el menosprecio a la opción sexual.

La redacción de este protocolo no viene motivada porque se hayan detectado este tipo de situaciones en la Paeria, sino que es una obligación fijada por la ley 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres como herramienta para prevenir el acoso en las administraciones. Así, tiene como objetivo combatir estos comportamientos si los hubiera y, por ello, prevé la puesta en marcha de un servicio de atención y asesoramiento para ayudar a resolver posibles incidentes y facilitar las denuncias y las correspondientes investigaciones, garantizando al máximo posible la confidencialidad de los implicados. Para ello se nombrará, de acuerdo con los sindicatos, a una persona responsable de que se cumpla el protocolo, que deberá ser empleado municipal, licenciado en Derecho y con perfil de mediador. “El denunciante debe sentirse protegido en su intimidad, atendido por una persona experta y tener la garantía de que su caso no será de común conocimiento”, señala el texto, que prevé las mismas cautelas para los denunciados mientras se resuelve la investigación. Los funcionarios deberán informar de los casos de que tengan conocimiento, pero también se investigarán y sancionarán las denuncias falsas. Las sanciones serán las que prevé el Código Penal y el Estatuto Básico de los Empleados Públicos.

Además del contacto físico no deseado y comentarios molestos, se perseguirá el desprecio a la opción sexual

El protocolo cuenta con un informe favorable de técnicos municipales y de los representantes sindicales. Los grupos municipales tratarán esta cuestión en la comisión de Economía del próximo martes.

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