Piden prisión para el presidente de una asociación cannábica de Lleida

La Fiscalía solicita una pena de un año y nueve meses de prisión y una multa de 25.000 euros para el presidente de una asociación cannábica de la capital del Segrià por tráfico de drogas. Una acusación que se sustenta en la intervención que hizo la Guardia Civil en una finca que tenía alquilada esta asociación en Alcarràs y en la que hallaron más de 500 plantas de marihuana. Para el Ministerio Público, este cultivo es excesivo para el “autoconsumo” de los socios de la asociación y existe un beneficio económico en la venta de esta droga, mientras que la defensa alega que la ley aprobada el pasado verano por el Parlament avala la legalidad de estas asociaciones, con nueve entidades en Ponent.

Una cuestión que llegó ayer a juicio en el Juzgado de lo Penal 2 de Lleida y que ha quedado visto para sentencia. La intervención de la Guardia Civil se llevó a cabo en junio de 2016 cuando, en una nave propiedad de la familia del acusado y alquilada por la asociación cannábica, hallaron más de 500 plantas de marihuana, la mayoría de ellas en una plantación “indoor”, además de diverso material para su producción.

La Fiscalía acusa a la asociación de promocionar el consumo de marihuana y ve ánimo de lucro

Un cultivo que el acusado, presidente de la asociación Capri Club, con un local en Cappont, señaló que es para consumo exclusivo de los socios de la entidad, que actualmente cuenta con 180 integrantes. Según el acusado, se trata de variedades terapéuticas y con un control exhaustivo del consumo y del perfil de los socios. En este caso, declaró que solo se permite a personas mayores de 21 años (la ley fija la edad mínima en 18) y con un consumo de 60 gramos al mes como máximo. En el juicio declararon dos socios de esta asociación, entre ellos una doctora que también hace conferencias en el local sobre salud y nutrición. Sin embargo, la Fiscalía considera que la plantación encontrada es para el tráfico y que las personas que forman parte de esta asociación compran la marihuana no solo para uso terapéutico sino también lúdico. Además, la Fiscalía duda de la legalidad de esta plantación al considerar que los socios de la entidad pagan por cada consumición (5-7 euros el gramo), se la pueden llevar a casa y hay promoción del consumo. Por ello, acusa al presidente de la entidad de un delito contra la salud pública.