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Denuncian que el Ministerio del Interior pinchó el teléfono de dos miembros la Izquierda Independentista y de los CDR de Lleida

Un momento de la rueda de prensa delante de la sede del PSC en Lleida.

Un momento de la rueda de prensa delante de la sede del PSC en Lleida.

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La organización Alerta Solidaria y la Plataforma Anti-Represiva de Ponent han hecho público este martes que dos de las 38 personas a las que el Ministerio del Interior supuestamente pinchó los teléfonos son miembros de la Izquierda Independentista y de los CDR de la ciudad. 'La Directa' publicó ayer lunes que el Ministerio pinchó las comunicaciones de varias personas de la izquierda independentista y de los CDR. En concreto, son 38 activistas que tuvieron los teléfonos móviles pinchados bajo la clasificación de lucha antiterrorista. Este seguimiento se habría hecho entre la huelga del 8 de noviembre de 2017 y hasta el primer trimestre de 2019. Entre los afectados habría militantes de Endavant, de Alerta Solidràia, la CUP, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans y de miembros de los CDR. En total, se habrían monitorado una cincuentena de teléfonos que pertenecían a 38 activistas diferentes.

Según el mismo medio, las actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional habrían incluido la geolocalización de los aparatos y la intercepción de llamadas y SMS, la infestación de los terminales mediante un software de espionaje, el seguimiento a cargo de agentes de paisano, la localización de geolocalizadores en vehículos y el acceso a cuentas de redes sociales.

Los portavoces de las entidades de Lleida han dicho este martes en una rueda de prensa delante de la sede del PSC en la capital del Segrià que se trata de una investigación "política" que supone "graves intromisiones en la esfera de los derechos fundamentales de personas que han sido escogidas por su implicación en la vida política de la ciudad y el país".

Denuncian que "las investigaciones presuponen en todo momento la equiparación del independentismo al terrorismo y, contra este, el Estado actúa con la casi anulación de sus derechos". Alerta Solidaria y la Plataforma Anti-Represiva de Ponent responsabilizan al PSOE de que estas investigaciones se siguieran llevando a cabo.

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