Exculpan a un cabo de la Guardia Urbana de Lleida de un presunto amaño de contratos

El juzgado de Instrucción número 2 de Lleida ha dictado el archivo de la investigación contra un cabo de la Guardia Urbana de Lleida responsable del servicio informático del cuerpo policial que fue detenido el 3 de julio de 2018 por un presunto amaño en la contratación de aplicaciones de sistemas de tráfico. Fue arrestado por la Policía Nacional en el marco de la conocido como operación “Enredadera”, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número 2 de Badalona. El cabo ha sido defendido por el abogado Daniel Ibars en una causa abierta por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, contra la administración pública, malversación, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, alteración de precios de concurso público y falsificación documental.

El juzgado ha notificado recientemente el auto en el que dicta el sobreseimiento provisional de las actuaciones “por cuanto de lo actuado y de las entradas y registros practicados en el ayuntamiento de Lleida no se deducen indicios de comisión de delito alguno en este partido judicial”. De esta forma, la magistrada concluye que “de todo lo actuado se desprende que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por ello es procedente decretar el sobreseimiento de estas actuaciones”. 

Tras la notificación, Daniel Ibars afirmó ayer a este periódico que “siempre hemos mantenido que no se hizo nada contrario a derecho, que nunca ha habido delito”. También manifestó que “este tipo de operativos se deben hacer de manera más cuidadosa en todos los sentidos”. Cabe recordar que el 3 de julio de 2018 agentes de la la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personaron a primera hora de la mañana en la comisaría de la Guardia Urbana de Lleida para registrar el despacho del cabo responsable de informática del cuerpo. Los agentes volcaron la información del ordenador del urbano. El cabo fue detenido y, tras declarar en sede policial, fue puesto en libertad. Posteriormente, declaró ante el juzgado en fase de instrucción.

La operación se llevó a cabo en varios municipios de todo el Estado y en la empresa Aplicaciones Gespol de Barcelona por el presunto amaño de adjudicaciones de contratos públicos vinculados a sistemas de control de tráfico, como semáforos y videocámaras, que afectaba a 40 municipios. Ese día hubo 39 detenciones. En otras provincias, la investigación también se ha archivado.