SEGRE

Fiscalia pide penas de hasta 2 años y medio de prisión por el encierro en el Rectorado de Lleida en la detención de Hasél

Ocho personas son acusadas del delito de desórdenes públicos y cuatro de ellas también del de atentado contra la autoridad

15 y 16 de febrero de 2021

Una imagen del encierro en el Rectorado por HasélSegre

Publicado por
Redacción

Creado:

Actualizado:

La Fiscalía pide penas de entre seis meses y 2 años y medio de prisión para ocho personas que el 15 y 16 de febrero de 2021 se encerraron en el Rectorado de Lleida para dar apoyo al rapero Pablo Hasél y evitar su detención. El ministerio fiscal los acusa a todos de un supuesto delito de desórdenes públicos, por el cual pide una condena de seis meses de prisión para cada uno. Además, a cuatro de ellos les atribuye también el delito de atentado contra agentes de la autoridad (2 años por acusado). Aparte de eso, solicita una indemnización de más de 86.000 euros. El juicio está previsto que se celebre en el Juzgado de lo Penal.

El escrito de acusación de Fiscalia señala que, el 15 de febrero de 2021, los acusados entraron en el Rectorado de Lleida y, después de encerrarse, hicieron "barricadas en los accesos al edificio para evitar el paso" de los efectivos de los Mossos d'Esquadra encargados de detener al rapero Pablo Hasél. Para conseguir su propósito, según el ministerio fiscal, los acusados "forzaron despachos y dependencias" de la UdL y utilizaron material diverso, como extintores. En este sentido, la Fiscalía acusa a cuatro de ellos de un delito de atentado contra a agentes de la autoridad. Considera que utilizaron los extintores para rociar a los efectivos policiales que consiguieron entrar al edificio y, además, también se los lanzaron, sin que conste si les llegaron a impactar".

El escrito también recoge que los concentrados en el Rectorado hicieron una cadena humana para rodear a Hasél y evitar así que se lo llevaran detenido, una actitud que no habrían abandonado a pesar de los requerimientos policiales. Como consecuencia de todo, el ministerio público considera que se "alteró" el funcionamiento lectivo del equipamiento y se tardó una semana a reparar los daños sufridos. En este sentido, pide una indemnización superior a los 86.000 euros.

tracking