Albert Font-Tarrés, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya: «Para hacer una buena reforma de la DGAIA faltan más recursos»

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) pasará a llamarse Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Es uno de los cambios anunciados en el sistema de protección a menores tras el escándalo por la violación reiterada de una niña en Barcelona. ¿Qué le parecen las medidas anunciadas por la Generalitat?

Habrá que ver cómo se concretan, pero de momento la música suena bien. Parece que hay una clara intención de hacer estos cambios, aunque las medidas concretadas son pocas y deberían tener más calado.

¿Cuáles deberían concretarse?

La equiparación salarial y de condiciones de trabajo en los centros. Aquí es donde vemos que se deben evaluar los cambios. Hacemos un trabajo importante y por este motivo se han detectado casos como el de la niña de 12 años víctima de una red de pederastia. Se detectó gracias a que había un equipo que hizo su trabajo. El problema es cómo se gestionó desde la DGAIA y qué se hizo después.

¿Es un problema que los servicios estén externalizados?

Es necesario que haya mecanismos de control del gasto y de la actuación que se lleva a cabo en los centros residenciales de menores tutelados y que se destinen más recursos, además de contar con profesionales titulados, porque si no, la calidad de la atención se resiente.

¿Faltan profesionales?

Debido a las precarias condiciones laborales no se garantiza que tengan la formación mínima adecuada. Cada año hay decenas de titulados en educación social pero optan por otros sectores debido a la precariedad. Esto hace también que haya una elevada rotación en los centros. También por este motivo acaban contratando a estudiantes que, debido a estas condiciones, se queman.

¿Esto afecta a la atención?

Los menores que viven en centros residenciales se encuentran en una situación de vulnerabilidad por lo que es muy importante contar con profesionales con experiencia para darles estabilidad. Es una situación en la que puede estar cualquier joven, por lo que el sistema de protección debería ser un sistema de apoyo.

¿Cree que habrá cambios al respecto?

Por lo menos, de momento, ya se ha reconocido que hay una saturación. Esperemos que esta vez sí se mejoren las condiciones laborales y se reconozca el trabajo que hacen estos profesionales.

¿Se debería apostar más por un modelo de protección con familias de acogida?

Es evidente que para un menor lo mejor es poder contar con un entorno familiar, pero también habrá casos que esto no es lo más idóneo. Se debe velar siempre por su bienestar. Está claro que faltan más familias de acogida y también apostar por lo que hace tiempo que reclama la Síndica de Greuges, que los centros residenciales sean más pequeños, para poder hacer una atención más personalizada.

¿Hay saturación en los equipos que valoran la situación de estos menores en Lleida?

Sí, como en el conjunto de Catalunya. Y por fin se ha reconocido. Pero es difícil llevar a cabo un cambio en el modelo con el presupuesto actual. Es algo por lo que hay que apostar y no solo hay que convencer a la DGAIA o a la conselleria de Derechos Sociales, sino a Presidencia y a la de Economía para que se dote de los recursos necesarios este cambio en el sistema.

¿Se prevé un cambio de mirada?

Todavía hay una mirada caritativa hacia estos menores y jóvenes que, por algún motivo, necesitan de la tutela de la Generalitat. Pero debería verse como una cobertura universal que en cualquier momento podemos necesitar. Si esto pasa, es necesario tener una red de protección que no tenga agujeros. Y esta, por desgracia, actualmente, los tiene.