El ayuntamiento de Lleida, obligado a empadronar okupas sin consultar al propietario por un recurso de Esquerra

Una sentencia obliga al ayuntamiento de Lleida a empadronar a okupas sin consultar al propietario. El juzgado de lo contencioso administrativo de Lleida ha anulado el punto del protocolo de empadronamiento que exigía informar al titular de la vivienda cuando alguien quería empadronarse en ella sin disponer de título jurídico, como un contrato de propiedad o de alquiler. 

El gobierno del PSC aprobó esta medida en noviembre de 2023 para evitar el empadronamiento automático de okupas. La jueza ha estimado el recurso presentado por ERC y ha declarado la nulidad de este punto y el que estipulaba que un empadronado que ostente un título de propiedad o alquiler pueda autorizar el empadronamiento de otra en el mismo domicilio.

La sentencia remarca que no hay cobertura jurídica para que la Paeria deba conceder una audiencia previa con un tercero, ya que “la inscripción en el padrón es un derecho” y una obligación. También recuerda el informe que la Sindicatura de Greuges hizo al respecto en enero de 2024 destacando que “el padrón no supone el reconocimiento de la titularidad del domicilio” y que “el legítimo propietario mantiene intactas sus acciones que le puedan corresponder contra aquellos que permanecen de forma ilegal”. “De ahí que no se justifique la participación del propietario de la vivienda en un procedimiento que no ha sido instado por el mismo”, concluye la Síndica.

De hecho, la sentencia suscribe una recomendación de la Síndica, según la cual se debería haber sustituido la audiencia previa, que ve “contra natura”, por una comunicación al propietario “para comprobar la veracidad de los datos consignados en la solicitud”. Sobre el segundo punto, la magistrada señala que la Paeria “exige unos requisitos no ajustados a la normativa”.

La Paeria no descarta apelar

El gobierno dijo ayer que analizará la posible apelación del fallo y reafirmó que mantiene el empadronamiento “con todas sus garantías”. Sin embargo, reiteró la necesida de disponer “de un sistema de garantías” para gestionar los empadronamientos si alguien “no presenta pruebas que acrediten el lugar donde reside”. Por su parte, ERC celebró que la sentencia les dé la razón ya que “confirma lo que hemos defendido siempre: empadronarse no es una opción poítica, es una obligación legal”, ya que de él dependen la escolarización o el acceso a la sanidad.