El TSJC anula que el catalán sea vehicular en las aulas en un fallo que el Govern recurrirá

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló ayer, en vísperas de la Diada, varios artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo de Catalunya de 2024, entre ellos el que establecía que el catalán -y el aranés en la Val d'Aran- es la lengua vehicular y de aprendizaje en los centros educativos, en las relaciones con las familias, en los materiales didácticos y en las evaluaciones. Concretamente, el tribunal ha declarado nulos de pleno derecho una decena de artículos al estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB) contra el decreto. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció a las pocas horas de conocer el fallo que el Govern lo recurrirá para que el catalán siga siendo “transversal” en la escuela.

Además de anular que el catalán sea lengua vehicular en la escuela, el tribunal también ha derogado el artículo que establece que sea la lengua auxiliar prioritaria para enseñar idiomas extranjeros o la lengua única de acogida al los alumnos recién llegados sin prever mecanismos de aprendizaje equilibrado del castellano. También se revoca la obligación que el catalán sea la lengua de los docentes tanto en las actividades lectivas como no lectivas, formales o informales, y que el personal no docente y de actividades extraescolares sea competente en catalán y cumpla el proyecto lingüístico del centro. Por otro lado, anula el artículo que prevé la “presencia adecuada del castellano para garantizar la competencia lingüística del alumnado al finalizar la etapa educativa obligatoria”.

En la sentencia se sostiene que los artículos anulados por el tribunal “no establecen una presencia razonable del castellano en la enseñanza”. En esta línea, también destaca que “la ausencia de mención a la lengua castellana como lengua vehicular en la enseñanza, a diferencia del aranés, no permite considerar que resulte garantizada la presencia adecuada del castellano ni que existan instrumentos de control y evaluación que hagan posible que todo el alumnado logre la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana que la normativa superior persigue”.

Alud de reacciones

Illa anunció que recurrirá la sentencia para que el catalán siga siendo la lengua “inclusiva, propia y transversal” de Catalunya y de las escuelas. “No permitiremos que nadie haga un uso político de la lengua, porque es lo peor que se puede hacer para la convivencia”, advirtió Illa. Avanzó que tomarán “todas las medidas” necesarias para defender el modelo lingüístico catalán. Por su parte, ERC hizo un llamamiento a la unidad de acción a PSC, Junts, Comuns y CUP, mientras que los segundos también reclamaron al Govern actuar con contundencia frente al “nuevo ataque frontal” del TSJC al catalán y a su sistema educativo.

Por otro lado, el PP celebró la decisión del tribunal alegando que “no se puede defender la lengua imponiéndola por decreto”, mientras que Vox dijo que, con esta sentencia “pierden Salvador Illa y sus socios, que solo saben reprimir y enfrentarnos”.

“Un torpedo contra la escuela catalana y la cohesión”

Sindicatos educativos se mostraron ayer contrarios a la sentencia del TSJC y reclamaron al Govern tomar medidas para blindar el catalán en la escuela. La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, calificó al TSJC de “tribunal anticatalanista y con intenciones políticas” y reclamó a las instituciones una respuesta clara. “Nuestro compromiso con la lengua debe ser indestructible”, remarcó. Desde CCOO destacaron que la inmersión lingüística es un modelo “de éxito”, tiene el consenso de toda la comunidad educativa y garantiza la igualdad y cohesión social. La Intersindical aseguró que el fallo “pretende reforzar la subordinación del catalán al castellano”. El Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (Ciemen) lamentó que la sentencia “es un torpedo contra la escuela catalana y contra la cohesión del país”. Paralelamente, entidades como l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua hicieron un llamamiento a la movilización para defender el catalán en el que consideran que es “el mayor ataque” a la lengua desde el franquismo.

Solo la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) celebró el fallo, y dijo que es “un mazazo al intento de la Generalitat de excluir al castellano como lengua vehicular”.