La UdL certifica que una vicerrectora favoreció a un colaborador para que ganara una plaza

La Comisión de Reclamaciones de la UdL ha dictaminado que los profesores Marta Oliva y Roberto García incurrieron en un episodio de “desviación de poder” para favorecer a un miembro de su grupo de investigación en el proceso de selección para una plaza de profesor lector de la Escuela Politécnica, de cuyo tribunal formaban parte, ella como secretaria y él como vocal.

Oliva, profesora del departamento de Ingeniería Informática y Diseño Digital en ese centro, es la vicerrectora de Estrategia Digital y Nuevas Tecnologías del actual equipo de gobierno de la UdL, que celebra un proceso electoral antes de que termine el año, mientras que García es profesor agregado de esa misma área.

La Comisión de Reclamaciones, que intervino en el asunto tras formular una queja el candidato que se consideraba perjudicado por el proceso, apreció por unanimidad que en el proceso de selección se había producido una situación de “desviación de poder”, un concepto que la ley define como “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”.

¿En qué se basa la comisión para llegar a esa conclusión? En detalles como que, al contrario de lo que establecen las normas, las calificaciones de la parte curricular se realizaran cuando ya se habían efectuado las entrevistas sobre el proyecto académico y de investigación de los candidatos y, también, en que la secretaria emitiera sus calificaciones cuando ya tenía a la vista las de los demás miembros del tribunal. Lo hizo, además, a una hora más bien intempestiva: cerca de las once de la noche.

A la Comisión de Reclamaciones, sorprendida por la falta de motivación de las notas de la segunda fase y por la ausencia de criterios sobre el descarte del segundo postulante, también le llamó la atención que Oliva y García hubieran asignado a su compañero de grupo de investigación puntuaciones netamente superiores (46,8% y 29,7%) a las del otro candidato, y más cuando, siendo ellos los miembros del tribunal procedentes de la UdL, los tres externos habían otorgado mayores calificaciones al otro aspirante.

También les chirrió que la vicerrectora se abstuviera de interrogar a su colaborador en la prueba oral alegando que no lo consideraba oportuno porque ya disponía de esa información al conocerlo de la asignatura que daba como eventual, motivo por el que se consideraba afortunada. Un episodio de ese tipo conlleva la anulabilidad del proceso en el que se produce, algo que ha ocurrido en este caso, en el que hay en marcha un nuevo proceso de selección con otro tribunal, sin que el rectorado haya tomado ningún otro tipo de medida con ninguno de los dos profesores señalados por el dictamen.

“No habrá ninguna decisión hasta que no finalice el nuevo proceso de selección con el nuevo tribunal”, explicó un portavoz oficial de la UdL, ya que “la causa está pendiente de resolución y no se puede decir nada hasta conocer el resultado”. La convocatoria del segundo tribunal, añadió, equivaldría a “como si el proceso comenzara de nuevo”.

Este episodio de “desviación de poder” fue tratado en un Consejo de Gobierno, en el que el rector, Jaume Puy, remitió a la resolución del nuevo proceso de selección, tras el que se vería si había que tomar alguna decisión y, en su caso, decidir cuál se adoptaba.