Los juzgados civiles de Lleida, colapsados por el elevado número de casos

Los juzgados de primera instancia de Lleida están completamente saturados con el triple de volumen de asuntos que el considerado idóneo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta situación ha provocado que los órganos civiles estén "atascados" y puedan tardar hasta dos años en dictar sentencia, según ha explicado este martes el presidente de la Audiencia de Lleida, Albert Guilanyà, durante la reunión de la Sala de Gobierno del TSJC celebrada en la ciudad. A pesar de esta problemática, Guilanyà ha señalado que la creación de tres nuevas unidades judiciales y una sexta plaza de magistrado en la sección civil de la Audiencia tendrían que contribuir a mejorar la situación actual.

La jurisdicción civil leridana se mantiene como la más afectada por la elevada litigiosidad en los juzgados de primera instancia. El presidente de la Audiencia ha destacado que, a pesar del colapso, no se ha producido "un hundimiento total" gracias a qué la resolución y salida de asuntos está "fuerza por encima del normal". La llegada de las tres nuevas unidades judiciales previstas permitirá crear la figura de un presidente de la unidad civil, hecho que según Guilanyà "favorecería bastante" la reorganización de esta jurisdicción tan congestionada.

Como consecuencia directa, el elevado número de casos en primera instancia repercute en un incremento significativo de la carga de trabajo en la sección civil de la Audiencia. En este sentido, Guilanyà ha adelantado que la sección contará probablemente con un sexto magistrado durante los próximos dos años, lo cual permitirá "ir trampeando lo que tenemos de momento".

Apuesta por la mediación y negociación entre las partes

Ante los retrasos crónicos en la resolución de casos civiles, la presidenta del TSJC, Mercè Caso, ha defendido la apuesta por la negociación y la mediación entre las partes implicadas. Caso ha recordado que la Ley orgánica 1/2025 en materia de eficiencia del servicio público de justicia, que transforma los juzgados en Tribunales de Instancia con diferentes secciones, también incorpora los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), diseñados específicamente para resolver conflictos sin necesidad de llegar a los tribunales.

Por otra parte, Guilanyà ha anunciado la próxima creación del tercer juzgado de lo social de Lleida, del juzgado de instrucción número 5 de Lleida y el tercer juzgado de Cervera, este último en una zona considerada por Guilanyà como "posiblemente el lugar de la demarcación donde más problemas tenemos".

El 30% de los jueces en Lleida son sustitutos

Otro de los problemas estructurales que afronta la justicia leridana es la cobertura de plazas vacantes. Actualmente, ocho jueces sustitutos representan el 30% de la plantilla judicial en toda la provincia, una cifra que refleja la precariedad del sistema. Esta situación resulta especialmente complicada en los tres partidos judiciales con juzgado único: Vielha, Tremp y Solsona.

Guilanyà ha explicado que a menudo tienen que recurrir a la fórmula de la prórroga de jurisdicción, donde un juez de un partido judicial próximo tiene que asumir competencias de otro. "Desde marzo de 2025 hay un juez sustituto a Vielha y en Tremp hay otro desde hace más tiempo y, cuando uno de los dos falla por la razón de que sea, tiene que ser el otro quien tenga una jurisdicción prorrogada con dos partidos judiciales a su cargo, uno de los cuales —Tremp— es el mayor territorialmente de todo el Estado", ha detallado el presidente de la Audiencia.

Sin embargo, Guilanyà ha anticipado que esta situación "pronto tendrá una cierta solución" con la cobertura de varias plazas con jueces titulares. Mercè Caso ha aprovechado para animar los leridanos y leridanas a hacer oposiciones y a pedir destinos en su territorio en beneficio de "la estabilidad" del sistema judicial.

Aclaraciones sobre el caso del presunto violador en libertad

Con respecto a la polémica generada por la decisión judicial de dejar en libertad con cargos al presunto violador de su hija en Lleida hace unas semanas, la presidenta del TSJC ha recordado que "el juez o la jueza nunca puede acordar una prisión si alguna parte acusatoria, en este caso el ministerio fiscal, no le hace una petición concreta porque las circunstancias concretas del caso no la hacen adecuada". Caso ha pedido "confiar en la Fiscalía, que valora las circunstancias concretas de cada caso y toma sus decisiones."

El presidente de la Audiencia de Lleida ha añadido que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece claramente que "la alarma social no puede ser nunca un motivo para decretar una prisión provisional", y que se tienen que considerar factores como el riesgo de huida o la destrucción de pruebas. Además, Guilanyà ha defendido que "la prisión nunca puede ser un adelanto de la pena que pueda corresponder".