Reclaman 270.000 € a un psiquiatra acusado de estafar a un paciente

Sensación de déjà vu ayer en la Audiencia de Lleida, en la repetición del juicio –ya se celebró el 9 de marzo de 2023— contra un psiquiatra leridano, J.R.P.P., acusado de apropiarse supuestamente del patrimonio de un paciente con la firma de un vitalicio y para el que las acusaciones solicitan seis años de prisión. Sin embargo, hubo dos cambios sustanciales respecto a 2023. Por un lado, la participación como acusación particular de Squarvitae, la sociedad de servicios asistenciales que en 2016 adquirió la clínica del acusado y que ha sido el motivo de que se repitiera el juicio. Por el otro, un nuevo tribunal con otros tres magistrados distintos a los que hubo en la primera vista oral.

J.R.P.P. fue juzgado de nuevo después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara a finales del año pasado la sentencia de la Audiencia que lo absolvió al estimar parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía y ordenara repetir el juicio, como avanzó SEGRE. En 2023, el tribunal no aceptó a Squarvitae como acusación por falta de legitimación. En este sentido, el TSJC consideró que se la dejó en “completa indefensión”, no entró a valorar los detalles del juicio y ordenó repetirlo. Por ello, acordó la nulidad de la sentencia. No es un tema baladí, porque Squarvitae considera que fue engañada por el acusado en las negociaciones de la venta y opina que le corresponden 270.000 euros.

El acusado, que solo respondió a las preguntas de su abogado, Enric Rubio, aseguró que fue la familia del paciente, ingresado desde 1981, quien le propuso en 2003 firmar un contrato vitalicio que incluía la cesión de una casa, situada cerca de la clínica y entonces valorada en 240.000 euros, para cubrir toda la atención y manutención del paciente. “Incluso me molestaba que fuéramos vecinos”, dijo. Negó que hinchara facturas para generar una mayor deuda del paciente, como sostienen las acusaciones. En cambio, un investigador de la Guardia Civil afirmó que “sospechamos que se hincharon” los recibos de la estancia, que en dos años habría pasado de los 36 euros diarios hasta los 180, coincidiendo con el período en el que el acusado asumió la tutela. Además de la pena de seis años de cárcel, Fiscalía y las acusaciones (Fiscalía, Generalitat, Squarvitae y herederos) solicitan una multa de 108.000 euros y una indemnización de más de 240.000 euros.