Macrojuicio por el mayor alijo de cocaína en Lleida: cuatro acusados pactan entre 2 y 6 años, pero el mosso se desvincula

Cuatro de los cinco procesados por importar 620 kilos de cocaína a Lleida han reconocido los hechos en el juicio iniciado este martes en la Audiencia de Lleida, aceptando penas de entre 2 y 6 años de prisión mediante un acuerdo con la Fiscalía. El quinto acusado, un mosso d'esquadra actualmente suspendido de empleo y sueldo, ha rechazado el pacto y se enfrenta a una petición de 9 años de prisión y una multa de 66 millones de euros.

Durante la vista, uno de los principales acusados declaró que el mosso no estaba implicado en la operación de tráfico de drogas y que sólo participó en el alquiler de la nave del polígono El Segre donde, en enero del 2022, trasladaron la pieza que contenía el estupefaciente.

Por su parte, los guardias civiles que lideraron la investigación de la operación 'Street-22' han declarado que a finales del 2021 el mosso abonó 3.000 euros en efectivo para el alquiler de la nave y transfirió 85.000 euros a una empresa del principal acusado que habrían servido para financiar la importación del rotor.

Los policías han señalado que los sorprendió la cantidad de activos que poseía el agente, entre los cuales licencias de taxi, vehículos de alta gama o una veintena de plazas de parking, entre otros. El mosso--actualment suspendido de empleo y sueldo-- lo detuvieron en marzo del 2023 y también está investigado en una pieza separada por un supuesto delito de blanqueo.

El principal acusado ha justificado que los pagos que recibió del mosso correspondían a la reforma de viviendas. Según ha declarado, el agente conseguía inmuebles "a buen precio" y él se encargaba de reformarlos. Los investigadores, sin embargo, concluyeron que aquellos trabajos no se llegaron a hacer nunca porque no encontraron recibos por la compra de materiales ni licencias de obras.

El rotor levantó sospechas en el puerto de Barcelona

Según la Fiscalía, a mediados del 2021 dos de los procesados contactaron con una organización criminal que se dedicaba al tráfico internacional de cocaína a través de un tercer acusado. El ministerio público sostiene que pactaron la importación de un rotor diseñado especialmente para poder ocultar 620 kilos de cocaína proveniente del Panamá y que la droga se enviaría a Barcelona en un contenedor marítimo.

Todo se canalizó a través de una mercantil administrada por uno de los investigados y gestionada por otro, los cuales llegaron a diseñar una web para simular que se dedicaban al comercio de motor y maquinaria, según la acusación pública. Durante meses los investigados mantuvieron contacto telefónico y por correo electrónico, y mantuvieron varios encuentros en Lleida, Barcelona o Madrid para ir planificando el transporte.

El caso se destapó a finales de diciembre de 2021 en el puerto de Barcelona, cuando la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana de Barcelona detectó el envío de la mercancía sospechosa. Entonces los agentes iniciaron una investigación para localizar al destinatario del rotor, que resultó ser una empresa administrada por un vecino de Lleida. "Se vio que la pieza venía muy blindada y se sugirió una inspección física en el destino", ha declarado un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera.

La partida mayor de cocaína detectada en Lleida

La organización trasladó el rotor a una nave del polígono El Segre de la capital del Segrià, pero la grúa que lo tenía que descargar no entraba por la puerta y se tuvo que descargar en el solar de una empresa. Agentes de la Guardia Civil hicieron una "vigilancia discreta" de la pieza y al día siguiente acabaron abriéndola con la ayuda de los Bomberos.

Una vez abierto el rotor, los agentes localizaron la partida de cocaína mayor confiscada a Lleida: 537 paquetes de cocaína con un peso de 620 kilos y una pureza del 80%. Su valor entonces se habría subido a los 22,3 millones de euros si se hubiera vendido por kilos y hubiera alcanzado un valor de 67,7 millones si se hubiera vendido al detalle.

Este caso fue el origen de la operación Miltruck-Frenchi, que permitió desarticular una de las principales organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de cocaína en España y que estaba establecida en Barcelona. La actuación de la Guardia Civil se saldó con 25 detenidos, ocho investigados y la incautación de 7.250 kilos de cocaína y más de 6 millones de euros.

Pacto de conformidad parcial

La Fiscalía considera a tres de los investigados presuntos autores de un supuesto delito de tráfico de drogas y, los otros dos, cooperadores necesarios. Inicialmente, para cada uno solicitaba una pena de multa de 66 millones de euros y 9 años de prisión, con la excepción del individuo que habría hecho de enlace entre los principales acusados y la organización criminal, por el cual pedía 11 años de prisión porque es reincidente.

Este martes la acusación pública ha llegado a un acuerdo de conformidad con cuatro de los cinco procesados, los cuales han reconocido los hechos, para aplicarlos los atenuantes de confesión y colaboración. Dos de ellos han aceptado penas de 6 años de prisión y, los otros dos, de 4,5 años y 2 años de prisión. Estos dos últimos también tendrán que pagar una multa de 22 MEUR cada uno, que podrán sustituir por 4 meses de prisión.

El mosso d'esquadra investigado en la trama, sin embargo, ha rechazado el pacto y está previsto que declare este miércoles, después de que comparezcan agentes de la División de Asuntos Internos de los Mossos, entre otros. Su abogado, Daniel Ibars, cree que no hay indicios para acusarlo de tráfico de drogas, pero la Fiscalía mantiene para el mosso una petición de 9 años de prisión y de 66 millones de euros de multa.