Marlaska coloca al frente de la Policía Nacional de Lleida a un condenado por acoso sexual

El ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha elegido como nuevo comisario provincial de Cuerpo Nacional de Policía de Lleida a Antonio Royo Subías, sobre el que desde hace más de dos décadas pesa una condena firme como autor de un delito de acoso sexual.

Royo tomó posesión como comisario provincial el pasado 9 de diciembre, y ha dedicado los primeros días de su estancia en Lleida a tomar contacto con la plantilla policial y con los responsables de otras entidades administrativas y policiales.

Los hechos por los que fue condenado se remontan a final de la década de los 90, cuando el comisario, entonces como inspector-jefe, dirigía una unidad de los antidisturbios (UIP, Unidad de Intervención Policial) en San Sebastián.

Según declaró probado la Audiencia de Guipúzcoa y ratificó el Supremo, “desde el momento de su incorporación”, este “comenzó a requerir” a la víctima “para que mantuviera relaciones sexuales” con él. “Si accedía a sus pretensiones —añade-, se encargaría de que obtuviera” dietas, días de descanso, permisos y “facilidades para ascender”, pero, “en caso contrariole señalaba que se convertiría en su enemiga”, lo que la abocaba a “peores servicios, etc”. Según le dijo, “su incorporación al grupo había sido con su intervención”. A esas presiones se les añade que el entonces inspector-jefe, “tanto a solas como en compañía de terceras personas, efectuaba comentarios de carácter vejatorio en relación a la anatomía de la misma y su menstruación “, lo que “afectaba” a la convivencia en la unidad de la víctima, que sufrió daños mentales como consecuencia del acoso: padeció “un transtorno adaptativo con ansiedad crónico y un síndrome de hipoactividad cortical (...) con hiperactividad generalizada ante estímulos” y requirió “la aplicación de tratamiento médico” para afrontar ese cuadro psicológico. Entre otros episodios de acoso, la víctima, que pidió el traslado a otra unidad en Barcelona, recibió “un manotazo en los glúteos” por parte de su jefe durante una comida de la unidad en Pamplona.

La Audiencia de Guipúzcoa declaró probabo el acoso sexual, y a finales de junio de 2003 impuso a Royo una multa de 1.080 euros (seis meses con una cuota de 6 €/día) y le obligó a indemnizar a la agente acosada con 3.000 €. Un año después, el Supremo, a instancias de la Fiscalía, declaró responsable civil subsidiario al Estado, ya que el entonces inspector jefe actuó “aprovechándose” de “su prevalencia” para “exigir los favores sexuales de la funcionaria dependiente”.

“Desde su llegada” el jefe “le solicitó favores sexuales en todo momento prevaliéndose de la situación de superioridad”, lo que, además, generó “una situación de hostilidad” hacia la víctima “por parte de los demás integrantes de la unidad”, señala la sentencia de la Audiencia de Guipúzcoa, que considera los daños físicos y las amenazas incluidas en el delito de acoso.

Una larga carrera policial amparada por las garantías del Código Penal

El comisario Antonio Royo Subías se encuentra en el tramo final de una larga carrera en el Cuerpo Nacional de Policía, en el que le queda apenas un año para jubilarse que, salvo sorpresa, pasará al frente de la Comisaría Provincial de Lleida. Tanto un portavoz oficial de esta como otro de la Subdelegación del Gobierno declinaron realizar comentarios. ¿Y cómo es posible que un inspector condenado por acoso sexual en el puesto de trabajo consiga desarrollar una carrera de más de 25 años en el cuerpo y pase por varios puestos de mando, como el actual o el anterior de agregado de Interior en la embajada española en Argelia? El delito de acoso sexual no lleva aparejadas penas accesorias de suspensión ni de inhablitación, ni siquiera en marcos funcionariales o laborales.