El TSJC obliga a Marlaska a reponer en Lleida al comisario condenado por acoso sexual

La dirección general de la Policía Nacional ha sido condenada a reponer como comisario provincial de Lleida a Antonio José Royo Subías, cesado el 16 de diciembre cuando llevaba solo una semana y tras el revuelo político y social generado tras publicar SEGRE que en 2003 fue condenado por acoso sexual a una subordinada en los antidisturbios en Gipuzkoa.

La dirección general, dependiente del ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, debe reponer como comisario a Royo “provisionalmente” por una medida cautelar solicitada por este en el recurso contra su cese, según adelantó el diario ABC.

Esa reposición, cuyo límite temporal es el cierre del pleito, llega, en cualquier caso, “sin perjuicio de su posible modificación o revocación” si Interior cubre la plaza con un titular. “La suspensión de la ejecutividad del acto no impide que la Administración adopte otras medidas organizativas que considere oportunas dentro del marco de sus competencias”, indica el auto, al que ha tenido acceso SEGRE.

Royo, que había llegado a la comisaría de Lleida el 9 de diciembre con una “adscripción provisional”, fue cesado en virtud de un escrito del DAO (Director Adjunto Operativo) del cuerpo, José Ángel González, que reseñaba “el malestar que se ha producido en diferentes ámbitos institucionales y de la sociedad civil” al trascender su condena, algo que “repercute en el interés del servicio, pudiendo desembocar en un desapego institucional y social que podría traer consigo un grave deterioro de la imagen de la Policía Nacional y una afectación al desempeño diario de la actividad”.

La Abogacía del Estado, por su parte, destacó que tanto el nombramiento como el cese de un comisario provincial son actos de “naturaleza discrecional” y sostuvo que en este caso, además, “presenta motivación suficiente”. El rechazo social que levantó su designacion, añade, “merma la capacidad” de Royo para “representar a la Policía y obtener la confianza mutua necesaria para el cumplimiento eficaz de sus fines”.

El tribunal, sin embargo, anula la efectividad del cese al concluir que la orden para destituirlo “descansa en formulaciones genéricas” pero no detalla “qué hechos operativos, incidencias del servicio o razones funcionales concretas (la) hacen imprescindible”, “tampoco indica efectivamente en qué precepto legal se basa” y no concedió un trámite de audiencia al cesado. “Parece que la resolución constituye una reacción coyuntural al ciclo mediático, no una medida ponderada de organización del servicio, lo que refuerza la necesidad de control cautelar”, añade.