El jefe imputado por violación envió a Lleida al comisario condenado por acoso

El ya exdirector adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, que dimitió el martes tras ser imputado como presunto autor de una violación, propuso como alto cargo del ministerio del Interior el nombramiento como Comisario Provincial de Lleida de Antonio Royo Subías, que en 2003 fue condenado por acosar sexualmente a una subordinada.

El destino, esa ruta que cada persona traza acto a acto, ha hecho que vuelvan a cruzarse las carreras profesionales de José Ángel González, alias Jota y desde el martes por la noche exDAO (Director Adjunto Operativo) del Cuerpo Nacional de Policía tras conocerse que un juzgado de Madrid le investiga como presunto autor de la violación de una subordinada, y de Antonio Royo Subías, comisario provincial de Lleida desde el 9 de diciembre pese a que su biografía incluye una condena por acoso sexual a una agente a su mando.

El exDAO fue quien el 16 de diciembre cesó a Royo tras conocerse a través de SEGRE que en 2003 había sido condenado por la Audiencia de Gipuzkoa, en una resolución que confirmaría el Supremo, como autor de un delito de coso sexual sobre una agente que operaba bajo sus órdenes en la UIP (Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios) de esa provincia.

Y, aunque formalmente la resolución corresponde al director general, Francisco Pardo, tanto la propuesta de nombramiento de los comisarios provinciales como su cese es una de las atribuciones del DAO, una figura que desde su creación asumió las competencias del antiguo Subdirector General Operativo.

González y Royo se conocen desde que coincidieron en la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en Euskadi en los años 90. En esas tres décadas, el comisario ha ocupado varios puestos de mando como subordinado del alto cargo. Royo fue a mediados de la década pasada jefe de la Brigada de Policía Judicial, en la que se integra la UFAM (Unidad de Familia y Mujer), en la Jefatura Superior de Aragón cuando esta era dirigida por González. Después de su cese en septiembre de 2018, el comisario pasó varios años como responsable de la seguridad de la embajada de España en Argelia y hace apenas dos meses tomó posesión de la Comisaría Provincial de Lleida.

Ahora, la dimisión de González, a quien el magistrado del juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha citado como querellado por los delitos de agresión sexual, malversación, coacciones y lesiones psíquicas, lleva camino de dejar en el aire el relevo de Royo en Lleida: el concurso de libre designación para elegir al próximo comisario concluyó el pasado sábado, 14 de febrero, sin que la Dirección General de la Policía haya formalizado ninguna decisión. Queda por ver si la DAO accidental, Gemma Barroso, la primera mujer al frente del cuerpo, cierra ese proceso o deja su decisión para el próximo titular.

Paralelamente, explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, “está pendiente de resolver por el ponente” de la Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo el recurso de la Policía que revirtió el cese de Royo, aunque no hay fecha para que se pronuncie.

Marlaska: “Solo voy a aceptar críticas de la víctima”

“Ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima”, defendió ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien instó a PP y Vox a no instrumentalizar políticamente los hechos. “De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima”, respondió a la diputada del PP Miriam Guardiola en el pleno del Congreso, en el que retó a los conservadores a repetir fuera del hemiciclo sus afirmaciones acerca de que él conocía los hechos y no actuó. “Nos veremos en otras instancias”, advirtió a los populares. Marlaska, cuyo cese reclamaron tanto los conservadores como los ultras, dejó claro que solo dimitirá si la víctima denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado. El ministro se mostró “decepcionado” con quien ha sido su mano derecha operativa en el Cuerpo Nacional de Policía desde septiembre de 2018, y al que además en noviembre de 2024 le fue aplazada de manera excepcional su jubilación, una medida que el Gobierno incluyó en el decreto de ayudas para los afectados por la dana. Marlaska negó tajantemente que conociera la denuncia antes de que el martes adelantara su existencia El País. En ese momento, añadió, adoptaron “la única decisión posible”. Interior también ha suspendido en sus funciones al comisario Óscar San Juan, persona de máxima confianza del investigado y que, según la querella, coaccionó a la denunciante para que no la presentara.