La burocracia puede retrasar hasta diez años la construcción de infraestructuras

La burocracia es uno de los factores que lastra la competividad de empresas y municipios de Lleida, hasta el punto de que muchos proyectos de obra pública corren el riesgo de no llevarse a cabo por demoras administrativas. Esta problemática se analizó ayer en profundidad en una jornada organizada por Grup Segre y la Fundació Horitzons 2050.

La falta de inversión en infraestructuras es casi un clamor unánime en Lleida, pero la excesiva carga burocrática que comportan los proyectos de obra pública ha llegado a eternizar algunas iniciativas que tardan décadas en ponerse en servicio. Esta es una de las principales conclusiones a las que se llegó ayer en la Llotja de Lleida durante la jornada Burocràcia: Problema i Realitat, organizada por SEGRE y la Fundació Horitzons 2050, en la que participaron alcaldes, empresarios y patronales de Lleida. Todos reclamaron simplificar trámites para ganar seguridad jurídica y evitar incrementos de costes para impulsar la competitividad del territorio.

La más explícita fue Núria Cervós, presidenta del Gremi de la Construcció de Lleida, quien aseguró que “antes de licitar cualquier obra pública hay que pasar 10 años de trámites burocráticos”. Según enumeró, primero “se identifica la necesidad y se incluye en planificación estratégica”. El segundo paso es el expediente informativo, donde se proponen alternativas para afrontar el proyecto, y que “se alarga entre 1 y 3 años por los informes sectoriales y las alegaciones”. El estudio de impacto ambiental tiene un plazo legal de 3 a 6 meses, según Cervós, quien denunió que “la administración se salta sistemáticamente” este apartado, con lo que su duración real es de 1 o 2 años.

La redacción del proyecto constructivo es la siguiente fase, que implica también “volver a expornerlo ante las administraciones”. Y antes de publicar la licitación, recordó Cervós, “quedan las expropiaciones y afectaciones”. El peligro, según explicó, es que “si estos trámites tardan más de 4 años, la evaluación de impacto ambiental caduca y hay que volver a empezar”. En este sentido, puso como ejemplo el proyecto de la variante de La Pobla de Segur, que asciende a 53 millones de presupuesto, y que según Cervós “está a punto de decaer”.

Además, alertó, esta demora facilita que muchas licitaciones queden desiertas porque la dotación presupuestaria prevista en un inicio ha quedado desfasada “por la subida de la inflación”.