Doce años para investigar una trama de supuesta corrupción en la Diputación de Lleida entre los años 2011 y 2018

La investigación judicial por el caso Boreas, la macrocausa sobre supuestas irregularidades en la Diputación entre 2011 y 2018, está a punto de finalizar. El Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza 1 de Lleida ha dictado una interlocutoria concediendo seis meses —el plazo finalizará a principios de noviembre— a la Fiscalía y a las partes personadas para que en este período presenten sus escritos para seguir con el procedimiento o, en caso contrario, para pedir su archivo, según ha podido saber este periódico. Es decir, la instrucción del caso finalizará ocho años después de practicarse las detenciones y 12 de iniciarse la causa. Entonces, en base a la instrucción y los diferentes escritos, la magistrada deberá decir si dicta el auto de procesamiento y el caso llega a juicio o lo archiva.

Los Mossos d’Esquadra registraron el 2 de octubre de 2018 la Diputación y arrestaron a una veintena de personas, entre ellas, al que entonces era presidente de la corporación, Joan Reñé, al que le costó el cargo. Pero la investigación del caso se remonta al año 2014 tras una denuncia ante Fiscalía de supuestos pagos de comisiones a exresponsables de la Diputación a cambio de adjudicaciones cuando la presidía Joan Reñé, que es uno de los alrededor de 40 investigados. Reñé ha negado reiteradamente el cobro de ninguna comisión y ha dicho que todas sus actuaciones fueron avaladas por los técnicos y los funcionarios. De hecho, la práctica totalidad de imputados han negado las irregularidades supuestamente detectadas por los Mossos d’Esquadra y la Fiscalía.

Cascada de prórrogas

Desde octubre de 2018 la jueza instructora ha tomado declaración a decenas de investigados y testigos y ha ido acordando una cascada de prórrogas de seis meses al considerar que no se habían podido practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. En una de ellas, afirmó que durante todo estos años no se han dejado de practicar “de forma constante diligencias y todavía no ha sido posible acordar la práctica de todas las necesarias para culminar la instrucción, habida cuenta del elevado número de investigados existentes hasta ahora”. En 2024 había 46 tomos y más de 12.000 folios con el objetivo de esclarecer si hubo connivencia entre responsables de la Diputación entre 2011 y 2018 y ciertas empresas leridanas en la adjudicación supuestamente irregular de obras.

En el caso de Joan Reñé, ha declarado al menos dos veces. Otra investigada es Marlen Minguell, la que fuera jefa de Organización durante su mandato. Ambos han negado cualquier irregularidad. Por el juzgado han pasado técnicos y cargos de la corporación y empresarios.