El desahucio de esta anciana provocó una ola de indignación que desencadenó el adelanto electoral. Desde 2024 los alquileres se han encarecido un 7,4% en Lleida, y el precio de venta, un 20,7%
Imagen de la manifestación que hubo el día de la huelga general por la vivienda en Lleida, el pasado 11 de noviembre. - EUROPA PRESS
Imagen de la manifestación que hubo el día de la huelga general por la vivienda en Lleida, el pasado 11 de noviembre. - EUROPA PRESS
Maricarmen Abascal, el día que fue desahuciada. - JORDI ECHEVARRIA
La chispa que prendió Maricarmen
La chispa que prendió Maricarmen
La chispa que prendió Maricarmen
La chispa que prendió Maricarmen
La chispa que prendió Maricarmen
Maricarmen Abascal Martín. Este es el nombre de la anciana cuyo desahucio el pasado 26 de septiembre por un fondo de inversión que provocó una ola de indignación social que propició acampadas ciudadanas, la primera huelga general de la historia de España sobre la vivienda y el adelanto electoral por el cual iremos a las urnas el próximo domingo. La mujer, que falleció días después de su desalojo, se ha convertido en el símbolo de la lucha por una vivienda digna, pero desafortunadamente antes de que ella hubo muchas otras mujeres y hombres que perdieron sus hogares, ya sea por no poder asumir el coste del alquiler, de la hipoteca o por las prácticas de algunas empresas inmobiliarias y fondos buitre. Y es que el encarecimiento de los arriendos, de compra y la especulación han sido el caldo de cultivo perfecto para que la vivienda haya pasado de no estar entre las 5 principales preocupaciones de la sociedad española en 2016 a ser la primera 10 años después, y que afecta desde jóvenes hasta familias y ancianos. Un problema estructural que, sin duda, es la piedra angular sobre la que giran estas elecciones, son los comicios de la vivienda.
Que la principal preocupación de los españoles sea la vivienda no es baladí, los datos son contundentes. Si hablamos de los alquileres, según los portales oficiales e inmobiliarios, su coste se ha encarecido en más de un 90% de media desde el 2016 a nivel estatal, con Barcelona, Madrid y Baleares como los territorios en donde más ha subido y que superan los 1.000 euros por piso. A nivel catalán, el incremento es similar, mientras que en Lleida provincia el crecimiento ha sido de entre el 45% y el 65%. Y en la capital, de prácticamente el 60%, donde el precio medio se sitúa sobre los 500 y los 600 euros. Si nos centramos en esta legislatura, la subida ha sido del 7,4% en la provincia y del 3,7% en la capital. Los motivos varían en función del territorio, pero en todos hay uno en común: hay una oferta cada vez más menguante que provoca que las viviendas que están en el mercado alcancen unos precios a los que no llegan los salarios actuales. En el caso de Lleida este último concepto es clave, ya que la oferta se encuentra en mínimos históricos, y por cada piso que hay en el mercado hay una media de 66 personas interesadas, según el Observatorio del Alquiler. Para remediar esta situación, la Generalitat impulsó las zonas tensionadas para controlar los precios del alquiler y hay 18 municipios en Ponent con esta calificación. Sin embargo, solo en 4 de estas poblaciones se han contenido los precios desde su implantación en 2024: Mollerussa (-9,8%); La Seu d’Urgell (-0,3%); Almacelles (-1,8%) y Alcarràs (0%). Por otro lado, Vielha (+46,2%); Artesa de Segre (+14,4%) y Cervera (+12%) son donde más han subido los precios. A su vez, en Lleida el incremento ha sido del 5,9% desde que fue considerada zona tensionada, una consideración que dejará de tener a partir de marzo del próximo año.
En cuanto a la compraventa, pese a las cifras récord de operaciones que se encadenan año tras año, su coste ha subido proporcionalmente. Desde las pasadas generales, el precio del metro cuadrado en la provincia se ha incrementado un 20,7% y, en Lleida ciudad, un 25,7%. Es la novena capital más barata del Estado y la más asequible de Catalunya, pero es una de las que ha sufrido un mayor incremento de precios, según el Colegio de Registradores. En Catalunya, la subida también ha sido notable, un 26,5% desde 2023, mientras que a nivel estatal ha sido aún más, del 36,3%. El Gobierno central, la Generalitat y los ayuntamientos han impulsado medidas para facilitar el acceso a la vivienda fomentando la construcción de pisos protegidos, ofreciendo ayudas para pagar la entrada y adquiriendo propiedades de fondos. Sin embargo, todas estas políticas tardarán varios años en dar sus frutos. Mientras llegue ese momento, esperemos que no surjan más casos Maricarmen.
Precio alquileres en Lleida provincia
2023
Precio venta en Lleida provincia
2023
Hacer vivienda pública y frenar los abusos
“La vivienda es un derecho, no un bien con el que especular”, remarcan los socialistas. Por ello, “se debe actuar en dos direcciones: incrementar decididamente la oferta de vivienda pública y asequible e intervenir el mercado para frenar los abusos y proteger a los inquilinos”. Asimismo, también defienden “la regulación de los precios en zonas tensionadas, la movilización de suelo público y la colaboración entre administraciones”. En este sentido, recuerdan que “en Lleida ya impulsamos nuevas promociones de alquiler asequible y la rehabilitación de los barrios. El objetivo es que ninguna familia deba destinar una parte proporcionada de los ingresos a tener un hogar digno”. Cabe recordar que el Gobierno central aprobó el 12 de noviembre los decretos que suspendían los desahucios a vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 2031 y que limitaban las compras especulativas de vivienda.2024202420252025
Construir 1 millón de pisos y ley antiokupas
“En España arrastramos un déficit de unas 700.000 viviendas. Ante esta situación, planteamos facilitar la construcción de un millón de nuevas viviendas durante la próxima legislatura, movilizando más suelo, reduciendo la burocracia y agilizando las licencias urbanísticas”, dicen desde el PP. También abogan por “rebajar el IVA para los menores de 40 años que compren su primera vivienda, así como ampliar los avales públicos para facilitar el acceso a una hipoteca”. Por otro lado, prometen aprobar “una ley que permita desalojar judicialmente los ocupantes ilegales en un plazo de 48 horas”. También señala que las administraciones “deben dar soluciones a las situaciones de vulnerabilidad sin trasladar esta obligación a los ciudadanos individualmente”. Por último, proponen impulsar la rehabilitación de viviendas vacías “y facilitar que los jóvenes puedan quedarse a vivir en los pueblos”.20262026
Coto a los pisos turísticos y a los fondos buitre
Los republicanos reclaman que Catalunya tenga competencias para desplegar una ley de arrendamientos urbanos para poder hacer “un despliegue efectivo de sus competencias”. También plantean aumentar la financiación estatal para vivienda, el traspaso inmediato de todos los inmuebles de la Sareb y del portal estatal Casa 47 a la Generalitat y hacer cambios legislativos para promover la construcción de vivienda asequible. Paralelamente, sugieren incrementar el tipo del IVA y del ITP sobre la compra de vivienda cuando esta se destine a usos diferentes a su uso habitual, además de aumentar al 21% el IVA a los alquileres turísticos. También propone incentivos fiscales para la rehabilitación, la construcción de vivienda protegida, imponer nuevas limitaciones y obligaciones a los fondos buitre y evitar los desahucios de las personas vulnerables que no tengan alternativa habitacional.
Precio alquileres en Lleida ciudad
2023
Precio venta en Lleida ciudad
20232024202420252025
Veto a la especulación y contratos indefinidos
Los Comuns-Front Ampli tienen la vivienda como una prioridad en su programa. Proponen invertir durante 10 años al menos el 1% del PIB, unos 16.000 millones de euros, para la construcción, compra, expropiación, movilización de pisos vacíos, cesiones y rehabilitación de viviendas. También abogan por establecer contratos indefinidos de alquiler, reducir por ley su coste aplicando una rebaja del 30% del índice de referencia de los precios y reforzar los mecanismos de control y regulación. Asimismo, plantean construir 500.000 viviendas en suelo público, prohibir la compra que no sea para vivir en zonas tensionadas y promover la rehabilitación de 250.000 viviendas cada año sin que esto comporte expulsar a vecinos. Para los jóvenes, prevé crear una línea de avales para la primera compra de un piso y destinar el 30% de las nuevas promociones de vivienda protegida para menores de 35 años.20262026
Defensa de los pequeños propietarios e inquilinos
Desde Junts proponen en materia de vivienda que “es necesario construir más pisos asequibles, facilitar la rehabilitación y movilizar los activos vacíos”. En este sentido, señalan que en la demarcación de Lleida, Pirineu i Aran “la Sareb, controlada por el Estado, tiene 1.012 viviendas en 2025, se deben movilizar y facilitar que la Generalitat y los ayuntamientos puedan destinarlos a alquiler asequible para jóvenes, familias y gente mayor”. Los de Puigdemont también remarcan que “defendemos a inquilinos y pequeños propietarios, con bonificaciones fiscales que incentiven los alquileres asequibles. En casos de impago por vulnerabilidad, la administración debe asumir la respuesta, sin cargar el coste a los pequeños propietarios”. En este sentido, también exigen “desbloquear la ley de Junts contra las okupaciones delincuenciales, con desalojos en 48 horas y que ha estado 20 meses encallada en las Cortes en el trámite de enmiendas por el PSOE, el PP y Sumar”.
El 11N, más protesta que huelga general
La huelga general por la vivienda convocada el pasado 11 de noviembre tuvo un seguimiento desigual, pero no se puede decir lo mismo de las protestas en las que derivó, que en su mayoría fueron multitudinarias. Este paro fue convocado para reivindicar precios asequibles y subida de sueldos para hacer frente a la escalada del coste de la vida. En Lleida se manifestaron 4.500 personas, según la Guardia Urbana, y 14.000 según los sindicatos. En las grandes ciudades del Estado también hubo manifestaciones masivas.
¿Construcción, regulación o expropiación?
Las patronales y las plataformas ciudadanas han planteado varias medidas para solucionar la crisis de la vivienda. Mientras los promotores y los agentes inmobilarios abogan por promover la construcción de vivienda protegida y evitar las contenciones de precios, entidades como la PAH o el Sindicat per l'Habitatge abogan por la regulación de los alquileres para bajar su precio, no para contener su aumento, que es lo que ha pasado con las zonas tensionadas, así como la expropiación de activos a fondos buitre y prohibir por ley su compra con fines especulativos.