Montoro cortará a Catalunya la financiación con el FLA si el Govern gasta dinero en el 1-O

La comisión delegada para Asuntos Económicos del Gobierno central aprobó ayer un acuerdo por el que condiciona el pago a Catalunya de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que la Generalitat remita semanalmente una garantía de que no destina fondos a la organización del referéndum, según anunció el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Este acuerdo, a propuesta del ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro, tiene el objetivo de “impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el 1-O”. El detonante fue un desvió de 6.150 euros para el referéndum dentro del dinero establecido por la Generalitat, y controlado por Hacienda, por valor de 19.370 euros en su presupuestos de 2017 para la organización y gestión de procesos electorales. Este desvío despertó la alarma de Hacienda, que mandó el pasado martes un carta a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, en la que le insta a detallar a qué se refieren esos gastos en el plazo de 48 horas, explicaciónes que a fecha de ayer no habían llegado.

El Gobierno recibió críticas tanto desde Catalunya como desde España. El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, advirtió que si Madrid “corta el grifo a Catalunya, su Estado se emboza”, y lamentó que el Ejecutivo de Rajoy ejerza la “campaña del miedo”. Además, los grupos PDeCAT y ERC pidieron la comparecencia de Montoro en el Congreso y en el Senado. Para el portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano, “vincular el FLA con el referéndum es un acto de sectarismo”. Desde el PSC lamentaron la “amenaza” de Madrid y les recordó que el FLA es “muy necesario en Catalunya”, y en los mismos términos se pronunciaron desde Ciudadanos. Para los ‘comuns’ es “un ataque a los derechos nacionales de Catalunya”. Para el PSOE la suspensión del FLA “no es la solución”. Según fuentes socialistas, la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, comunicó a Miquel Iceta y a Patxi López la decisión a posteriori.

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El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el canon digital que el govern aprobó en 2015, pero la Generalitat mantendrá las ayudas al sector audiovisual, explicó ayer el conseller de Cultura, Lluís Puig. El secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, informó que la Generalitat deberá devolver a las operadoras de internet los alrededor de millones recaudados desde la aplicación del canon digital y calificó la sentencia de “ataque ideológico a las competencias fiscales del autogobierno catalán” que “inhabilita las competencias de las comunidades autónomas de aprobar tributos propios”. Además, avanzó que el Govern “se compromete a volver a aprobar un nuevo impuesto de forma inmediata, mejorando su articulado y subiendo los tipos impositivos para contribuir a la financiación de los proyectos audiovisuales catalanes”. Por otra parte, el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) emitió ayer un dictamen sobre la proposición de ley del Código Tributario de Catalunya en el que considera que un artículo y tres disposiciones adicionales vulneran la Constitución. En concreto, el CGE tumba el artículo 111-4, referentes a fuentes de ordenamiento tributario, y las disposiciones adicionales sexta, séptima y octava del libro segundo, sobre el acceso a diferentes cuerpos tributarios adscritos a la Agencia Tributaria de Catalunya. La sentencia responde al recurso presentado en junio por El PSC, SíQueEsPot y Ciudadanos a la ley.