UNIÓN EUROPEA
La UE pone coto al freno en ventas de tierras agrarias
Advierte a los estados miembros que deben cumplir las normas comunitarias || Alerta contra “restricciones desproporcionadas”
Campo de frutales en Aitona.
La Comisión Europea publicó ayer una serie de directrices para aclarar las condiciones que permiten a los países del bloque comunitario restringir la venta de tierras de cultivo con el objetivo de evitar la especulación “excesiva” y la concentración de la propiedad.
El Ejecutivo comunitario recordó que los Estados miembros pueden poner condiciones a estas transacciones para preservar las comunidades agrarias y promocionar una agricultura sostenible, pero estas restricciones deben cumplir con las normas europeas, en particular las de libre movimiento de capitales.
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Bruselas también recordó que en 2015 abrió procedimientos de infracción a algunos países por discriminar a inversores de otros socios de la UE y por crear “restricciones desproporcionadas” a las inversiones transfronterizas.
Así, el documento de la Comisión Europea destacó que algunas de las restricciones que pueden permitirse con algunas condiciones son requerir la autorización previa de las autoridades nacionales, establecer límites sobre el tamaño de las tierras que se quieren adquirir y la intervención estatal de los precios. También sería posible incluir derechos preferentes que permitan a algunas categorías de compradores -como agricultores arrendatarios, vecinos o copropietarios- adquirir zonas de cultivo antes que otros compradores interesados.
Por contra, la legislación europea no permite establecer restricciones “discriminatorias”, como requisitos generales de residencia como condiciones previas para la compra de tierras. Bruselas señaló, además, que otras restricciones a la inversión transfronteriza también son ilegales y puso el acento en prohibir la compra de tierras a compañías específicas, exigir cualificaciones o imponer obligaciones para ejercer agricultura no comercial.
Asimismo, la Eurocámara dio su visto bueno a establecer una nueva normativa con la que detectar y corregir las distorsiones en el mercado por prácticas desleales, como las exportaciones de acero chino a precio por debajo de mercado.
