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“Saltarse la ley es atentar también contra la UE”

Méndez de Vigo afirma que el líder de JxCat está “en manos de la justicia” || Dice que los independentistas no pueden ir de víctimas

Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa de ayer.

Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa de ayer.EFE

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El portavoz del Gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó ayer que la situación de Carles Puigdemont está “exclusivamente en manos de la justicia” y señaló que su acción supone también atentar contra la UE. Méndez de Vigo, tras la reunión del Consejo de Ministros, recalcó que saltarse la ley no se trata de una cuestión española, sino de atentar también contra la UE. Tras afirmar que la situación de Puigdemont está exclusivamente en manos de la justicia, incidió en que los detenidos no están privados de libertad por sus ideas, sino por ir contra el Estado de derecho.

“Todos fueron advertidos de sus actuaciones delictivas y de que tenían consecuencias. Por ello, no pueden presentarse como víctimas”, aseguró Méndez de Vigo, e insistió en que “la justicia es igual para todos y nadie puede pretender situarse por encima de la ley”. Recordó que la cooperación judicial en la UE ha eliminado el control político y el entendimiento entre las autoridades judiciales.

Pide al presidente del Parlament un pleno “en positivo” y no “empecinarse en errores”

En este sentido, remarcó que se anuló el asilo, se creó la eurorden, detención y entrega, a propuesta de España, que suprime la extradición y entrega entre autoridades judiciales sin intervención de los gobiernos. Aclaró que Alemania prevé la entrega y considera el delito de alta traición y reafirmó que “no se trata de una cuestión española sino de atentar también contra la UE”, porque “supone atacar los cimientos de un Estado miembro”.

Asimismo, pidió al presidente del Parlament, Roger Torrent, que hoy se celebre un pleno en “positivo” y que haya “ un empecinamiento de los errores”. Consideró que el Parlament no puede investir a un candidato que no esté presente, como dijo el Tribunal Constitucional, y alertó de que “ya saben las consecuencias políticas y jurídicas” que acarrea el incumplimiento de las sentencias del tribunal de garantías. Además, opinó que “los brotes violentos o radicales en modo alguno favorecen la imagen de Catalunya”.

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