La fiscalía solicita al Supremo que aplique la amnistía a Puigdemont

La Fiscalía solicitó ayer al Tribunal Supremo que aplique la amnistía al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont al manifestar que no se emplearon fondos europeos ni hubo enriquecimiento personal durante su papel en el 1-O, como sostiene el juez Pablo Llarena, quien hizo una interpretación “sorprendente” y “artificiosa” de la norma. La fiscalía lo hizo en una vista pública para revisar los recursos del expresident y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión de Llarena que rechazó perdonarles el delito de malversación y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención contra ellos. A esta tesis se sumaron también la Abogacía del Estado y los letrados de los procesados.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, pidió estimar los recursos, afirmando que “la norma es clara”, al tiempo que acusó a Llarena y a la Sala de hacer un análisis distinto de la malversación de aquel que recogió la sentencia del procés. En su opinión, “decir que los actos fueron conducidos a obtener un beneficio patrimonial es cuando menos sorprendente” porque “nadie dijo que fuera encaminado” a ello. “No puede defenderse que quienes fueron a la cárcel lo hicieron por enriquecimiento personal”. Además, en contra del criterio del juez y de la Sala, aseveró que “no fueron empleados fondos europeos de la UE”y “no se ha producido merma alguna en el presupuesto europeo”, que era otro de los argumentos para no aplicar la amnistía a los líderes del 1-O, ya que “los fondos pertenecían exclusivamente a la Generalitat y esto está acreditado”.

Por su parte, los abogados de la defensa Gonzalo Boye, letrado de Puigdemont y Comín, y Jaume Alonso-Cuevillas, de Puig, volvieron a cuestionar que el Supremo sea el tribunal competente para aplicarles la amnistía, porque “esta facultad y deber de aplicación de la ley corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)” ya que “Puigdemont fue elegido diputado por el TSJC”, en las últimas elecciones autonómicas, al igual que Puig, y Comín no dispone del acta de europarlamentario, por tanto, no estarían aforados ante el alto tribunal.