ECONOMÍA
El Govern dejará de cobrar 13 millones a grandes tenedores
Al anular el Constitucional la obligación de ofrecer alquiler social. El alto tribunal considera que invade competencias estatales
El Govern dejará de ingresar 13 millones de grandes tenedores . - DEPARTAMENTO DE TERRIOTRIO
La Generalitat de Catalunya se quedará sin recibir 13 millones de euros de grandes tenedores por recursos atendidos por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la obligación de ofrecer alquiler social a arrendatarios vulnerables.
Según avanzó El Periódico de fuentes de la Agencia Catalana de Consumo, este importe son los 521 expedientes que debe archivar por la sentencia judicial.
Esta agencia precisó que se habían recibido 1,33 millones de euros en la aplicación de las sanciones, de los que 434.875 habría que devolver, puesto que se tratan de casos afectados por la resolución del Constitucional.
Entre 2020 y febrero de este año, ha tramitado 711 multas a 98 grandes tenedores por importe de 17,6 millones.
En este período, Consum recibió 3.593 denuncias y llevó a cabo 1.900 actuaciones inspectoras en relación con la obligación legal de grandes tenedores de ofrecer alquiler social a inquilinos en riesgo de exclusión.
La nulidad de la medida hecha en octubre por el Tribunal Constitucional, a instancias de unos recursos presentados por el Partido Popular y Vox contra algunos preceptos de la ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, considera que el ejecutivo catalán invade competencias estatales.
El conflicto se remonta al pasado año 2015, cuando se aprobó la ley que obligaba a los grandes tenedores de vivienda a hacer una oferta de alquiler social a personas vulnerables antes de iniciar cualquier trámite legal para desahuciarlas.
Una modificación de esta ley aprobada por el Parlament de Catalunya en el año 2022 para hacer que una protección que hasta entonces se limitaba a inquilinos con un contrato de alquiler o hipoteca con dificultades para pagar, llegara también a familias sin un amparo de este tipo, elevó considerablemente el volumen de denuncias hechas a Consum, pero también a la vía judicial emprendida tanto por el PP como por Vox, que ahora el Tribunal Constitucional les ha dado la razón.
