Puigdemont alerta de la prevaricación del Supremo tras el aval a la ley a la amnistía

El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, afirmó ayer que “el margen prevaricador del Supremo se va estrechando” tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de Amnistía. “El margen prevaricador del Supremo se va estrechando. Sé que les da igual, porque saben que nadie se atreverá a juzgar a los jueces del Supremo, que siguen obedeciendo la orden del Rey de ir a por todos nosotros”, manifestó. Sin embargo, avisó de que “cada vez que fuerzan las costuras del Estado de Derecho, la grieta se va haciendo más grande, hasta el punto de hacerla insostenible”. Para Puigdemont, el Constitucional ha decidido “algo que ya se sabía desde hace más de un año, y es que la amnistía es perfectamente legal”, y cree que el problema reside en que a los jueces no les gusta la norma y no quieren aplicarla. “En un Estado de Derecho los jueces aplican las leyes, en el Estado español no. Aplican las leyes de la forma que a ellos les gusta y boicotean aquellas con las que están en desacuerdo político”, lamenó. El expresident también reivindicó que la amnistía es un conquista que el independentismo ha “arrancado a regañadientes” al Estado y que revierte “gran parte de la represión”. Sin embargo, añadió que no es suficiente para resolver el conflicto político. “No cierra ninguna crisis, pero abre una profunda porque una ley aprobada y constitucional no es aplicada”. Es esta línea, el secretario general de Junts, Jordi Turull, afirmó que tras el aval a la ley el magistrado del Supremo Pablo Llarena debería levantar la orden de búsqueda y captura contra el expresident y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín. Por su parte, el ministro de Industria, Jordi Hereu, pidió a quien critica la norma que compare la Catalunya de 2017 con la de 2025, y aseguró que él cree “en la política útil”.

n Varios miembros del Gobierno central y del PSOE cargaron ayer contra el expresidente Felipe González tras cargar este contra la ley de amnistía avalada por el Constitucional, que tildó de “barrabasada” , y amenazar con no votar al PSOE ni a ningún partido que haya aprobado la ley de amnistía avalada por el Tribunal Constitucional. “Discrepo absolutamente de su valoración. Creo que forma parte de un pasado ya superado”, manifestó el ministro de Industria, Jordi Hereu. En esta línea la ministra de Ciencia, Diana Morant, afirmó que “el sabrá lo que hace con su voto”.

n El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, insistió ayer en que su formación “acata” la sentencia del Tribunal Constitucional avalando la ley de amnistía, aunque reivindicó su “perfecta legitimidad” para discrepar de esta decisión que ha tomado un órgano “que es político y no jurisdiccional”. “Todo el mundo sabe que la norma, aparte de ser amoral e inmoral es inconstitucional”, recalcó Sémper, que defendió la posición “extraordinariamente crítica” del PP con esta decisión. En este contexto, el portavoz de los populares negó que estén cuestionando la legitimidad de cualquier órgano, insistiendo en que la amnistía “es una transacción mercantil para permitir que Pedro Sánchez llegue a la presidencia del Gobierno”. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó al presidente de haber “hackeado” el Estado de derecho con la amnistía y acusó al Constitucional de “inacción”.