El juez envía a Santos Cerdán a la prisión sin fianza

El magistrado instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por la comisión de "supuestos delitos de integración en organización criminal, soborno y tráfico de influencias". Lo ha hecho después de la declaración de más de una hora de este lunes en que el exnúmero tres del PSOE ha negado formar parte de ninguna trama corrupta, ha apuntado que los audios que lo incriminan están descontextualizados, y se ha presentado como a víctima de una caza de brujas por su papel claro en las negociaciones entre el gobierno español y las fuerzas independentistas. Se prevé que Cerdán ingrese en la prisión de Soto del Real.

La Fiscalía Anticorrupción, igual que la acusación popular, ha pedido el ingreso en la prisión por riesgo de huida y de destrucción de pruebas. La acusación popular añade el riesgo de reiteración delictiva de blanqueo de capitales. Pero el magistrado sólo ve riesgo de destrucción de pruebas. En la declaración de este lunes, sólo ha respondido las preguntas de su abogado, Benet Salellas. No ha contestado las cuestiones formuladas por la acusación popular que encabeza el PP, ni tampoco de la fiscalía.

En su auto de 20 páginas, Puente dice que, a diferencia de los otros implicados en la trama, como José Luis Ábalos y Koldo García, Cerdán sí que podría destruir pruebas.

El magistrado asegura que no es habitual tener tantas pruebas contra uno investigado, como grabaciones de él mismo “explícitas”, y que ni el mismo Cerdán ha cuestionado directamente. El juez también duda de que Koldo García hubiera sido un agente encubierto para provocar los delitos que finalmente Cerdán habría acabado cometiendo, ya que él mismo se ve involucrado en los delitos desde mucho antes de que Cerdán fuera el número tres del PSOE o que Pedro Sánchez fuera presidente español.

Además, el juez dice que hay otros indicios contra Cerdán, aparte de las grabaciones, como mensajes entre ellos y otros documentos. Así, por ejemplo, el juez concluye que Cerdán tenía muchos vínculos con Servinabar, la pequeña compañía que junto con Acciona ganó varias adjudicaciones de obra pública. También hay varios pagos identificados entre personas y empresas implicadas. El magistrado admite que Cerdán podría no haber acabado de comprar acciones de Servinabar, porque un contrato privado para hacerlo no se llegó a elevar a público, pero el mismo contrato evidencia, al menos, vínculos entre Cerdán y la empresa. Puente también ve sospechoso que Cerdán se interesara por obras públicas cuando Ábalos era ministro de Transportes o en el nombramiento o no nombramiento de ciertos altos cargos del ministerio.

El magistrado dedica varios párrafos a justificar la prisión de Cerdán en contraposición a la libertad provisional de Ábalos y Koldo García. Dice que todavía no ha habido tiempo para investigar a fondo su situación patrimonial, ni se ha registrado su domicilio, ya que mientras era diputado no se podía hacer. En cambio, los otros dos investigados sí que han sufrido cacheos domiciliarios y el juez considera que ya no pueden destruir pruebas.

Además, el auto dice que Cerdán y Koldo “habrían mantenido una especie de trama, vinculada a la empresa Servinabar 2000 para la obtención de beneficios económicos a consecuencia de la adjudicación de determinadas obras”. De hecho, dice que el nombramiento de Koldo García como asesor de Ábalos en el ministerio se hizo a instancias de Cerdán con “el propósito compartido de aprovechar la condición de ministro y canalizar indebidamente determinadas obras públicas” por parte del ministerio, como la Dirección General de Carreteres y Adif.

También dice que Santos “persiguió y obtener con esta finalidad” el nombramiento, al menos, de Javier Herrero como director general de Carreteres. De hecho, afirma que los tres investigados se repartían los papeles y “aprovecharon de manera estable todas las oportunidades que se presentaban”. De hecho, era Koldo García quien se interesaba más y hacía el seguimiento de las adjudicaciones de Carreteras y de Adif, por orden de Ábalos, dice el juez.

Así, el juez ve muy evidente que Ábalos y Koldo García no reclamaban las comisiones irregulares o sobornos a las empresas adjudicatarias sino a Cerdán, que era, según el juez, quien reclamaba a las empresas las cantidades pactadas.

De hecho, según Puente, Cerdán mantenía con respecto a Ábalos y Koldo una “relación vertical, de cierta preeminencia”, y era quien se relacionaba directamente con las constructoras adjudicatarias, cobraba los sobornos y los repartía con los otros dos investigados. Por eso, el juez dice que este conocimiento de los empresarios y de las obras adjudicadas hace que Cerdán sea clave para la investigación judicial, con el fin de conocer a los empresarios corruptores, el dinero pagados ilegalmente y en manos de quien están ahora mismo.

El intento de autoexculpación de Cerdán

En su declaración, el exnúmero tres del PSOE ha afirmado que todo es fruto de una campaña contra un gobierno "sin ataduras con el pasado" como el de Sánchez. Los avances conseguidos, ha afirmado, "no gustan" a determinados poderes que "arrastran por el barro" al PSOE y al ejecutivo español.

Según fuentes jurídicas, el exnúmero tres del PSOE ha dicho que es víctima de una campaña de "barro" por  sus negociaciones con PNV y Bildu por la moción de censura y la confirmación de los gobiernos de Pedro Sánchez. Ha augurado que el próximo objetivo de esta campaña será el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por sus contactos con ERC.

En este contexto, ha afirmado que no conoce ni ha intercambiado ningún mensaje con el conseguidor de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama. También ha negado haber hecho nunca ninguna presión para conseguir adjudicaciones.

Además, ha justificado ante el juez que no elevara a escritura pública la compra por 6.000 euros del 45% de la empresa Servinabar. Según Cerdán, nunca llegó a pagar este dinero, y el acuerdo fecha de un momento en que pensó abandonar la política y saltar al mundo empresarial. Pero finalmente, según Cerdán, su mujer lo convenció de continuar en política. Por eso, ha dicho, pidió a su socio, Antxon Alonso, que rompiera el documento privado, cosa que este no hizo.

También ha justificado que se interesara por algunas obras licitadas y posteriormente adjudicadas a Acciona. Según ha apuntado, como secretario territorial del PSOE, su objetivo era conseguir obras para el territorio.

Preguntado por la obra de Sant Feliu de Llobregat que consta en el documento del UCO, ha afirmado que para los socialistas españoles, la de Sant Feliu era una infraestructura "muy importante" por la falta de obras en Cataluña y la cantidad de votos que estaban en juego. "Era importante descentralizar la red ferroviaria" y "poder vender y anunciar el corredor para las elecciones de mayo del 2019", ha dicho.

Dice que los audios están descontextualizados

Les mismas fuentes apuntan que Cerdán ha afirmado que no reconoce las conversaciones que constan a los audios del informe del UCO. Según ha apuntado, en el mejor de los casos son "fragmentos" que no recogen el sentido de la conversación, y las conclusiones que extrae la Guardia Civil son "completamente inciertas".

También ha afirmado que no tiene ningún otro patrimonio que su casa y dos cuentas en Caixabank. Ha recordado que nunca ha tenido tarjeta del PSOE y que paga 2.400 euros de alquiler.