TRIBUNALES
Bruselas cuestiona que la amnistía responda al “interés general”
No cree que el 1-O afectara económicamente a la UE, pero sí puede vulnerar a la directiva antiterrorista. El Gobierno reivindica el “fin legítimo” de la ley
El abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, durante la vista de ayer en Luxemburgo. - NATÀLIA SEGURA/ACN
La Comisión Europea puso ayer en duda ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que “es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, al tiempo que consideró que su tramitación por la vía de urgencia ha “ahondado la división profunda” en la clase política, las instituciones y la sociedad española, pese a las recomendaciones de órganos consultivos como la Comisión de Venecia. Por otra parte, no cree que exista “un vínculo directo” entre los delitos amnistiados y “los recursos propios de la Unión Europea”.
Así lo expuso el abogado que representa al Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, en la vista celebrada sobre la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, que debe dirimir sobre la responsabilidad contable del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 –declarado ilegal por el Tribunal Constitucional– y apoyar la acción exterior del procés.
La Gran Sala del TJUE, con sede en Luxemburgo, examina así por primera vez la amnistía a los líderes del procés dos semanas después del aval del Tribunal Constitucional.
Por la tarde y en el caso de los condenados por terrorismo, el letrado comunitario avisó que la ley de amnistía puede vulnerar la directiva antiterrorista por falta de “certidumbre”, “precisión” y “previsibilidad” de la norma.
Sin embargo, los abogados de los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo negaron que la ley de amnistía ponga en riesgo la lucha antiterrorista ni en España ni en Europa, y que no discrimina, porque también se ha aplicado a los policías y a no independentistas. Defendieron que la amnistía supone solo la exención temporal y concreta de la normativa española y europea, pero no su derogación total.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, subrayó que tanto la Comisión de Venecia como el Constitucional han afirmado que la ley de amnistía responde a “un fin legítimo”.
