La UE vuelve a aplazar la decisión sobre la oficialidad del catalán por falta de unanimidad

La Unión Europea vuelve a aplazar la decisión sobre la oficialidad del catalán por las reticencias que todavía mantienen varios estados. Aunque el gobierno español ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta para intentar desvanecer las dudas, en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE de este viernes, los ministros de Asuntos Europeos de los 27 se han limitado a debatir la cuestión, pero no han tomado ninguna decisión, tal como estaba previsto. Ya a su llegada a la reunión, varios estados miembros han dicho que la propuesta española todavía presenta interrogantes -jurídicos y económicos- y han descartado una decisión definitiva este viernes. Fuentes diplomáticas indican a la ACN que los estados volverán a debatir la cuestión "probablemente" en septiembre.

"Les tradiciones son importantes, pero ahora realmente, realmente, no es el momento", ha afirmado el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, a su llegada a la reunión de este viernes, donde también ha subrayado que la prioridad de la UE ahora es discutir sobre cuestiones relativas a la guerra de Ucrania y de Gaza. Bettel ha dicho que "entiende perfectamente" las sensibilidades del Estado con respecto al multilingüismo y ha asegurado que Luxemburgo no bloqueará el reconocimiento, pero ha alertado ya antes de empezar el debate de que el consenso necesario para salir adelante con la medida todavía se tiene que consolidar.

La oficialidad de las lenguas ha llegado como un punto de discusión en el encuentro de los ministros de Asuntos Europeos. La agenda preveía la posibilidad de que se sometiera a votación si había consenso suficiente dentro de la sala, pero no ha sido así.

Finalmente, aunque constaba como el primer punto de debate de la reunión, ha sido el segundo porque la presidencia de turno del Consejo de la UE, que ostenta Dinamarca, ha priorizado el debate sobre el presupuesto plurianual de la UE. En la reunión, quien ha defendido la propuesta española no ha sido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Como pasó mayo, quien ha asistido al encuentro ha sido el secretario de estado para la UE, Fernando Sampedro.

Los ministros tenían asignados 45 minutos para este debate. Sin embargo, la discusión se ha alargado en torno a una hora y se ha cerrado sin votación después de constatar que las dudas de los estados se mantienen y que, por lo tanto, no estaba la unanimidad necesaria para sacar adelante la iniciativa.

En declaraciones al principio de esta semana, Albares ya alejaba la posibilidad de una decisión. En una atención en la prensa, el ministro de Exteriores daba a entender que la oficialidad no se aprobaría este viernes, después de reconocer que el Estado no contaba con el apoyo necesario de todos los estados miembros. "Habrá un día D; [...] no puedo garantizar que el 18 [este viernes] lo sea, pero habrá un día D", indicaba.

En este sentido, Sampedro, a su llegada a la reunión de este viernes, ha acusado a los países europeos reticentes a la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en la UE de “secuestrar” la iniciativa al Consejo de Asuntos Generales y recriminado a las capitales que todavía se oponen a la propuesta de que no hayan aportado argumentos “legales” o “económicos” para “retrasar” la aprobación. “Si hay cualquier estado miembro que necesite cualquier otra cuestión de la Comisión o el Consejo, que lo pidan,” ha dicho, pidiendo que no se alargue este debate de manera “innecesaria”.

“Esta propuesta no tiene ningún impacto negativo para ningún otro estado miembro, por lo tanto, consideramos que tiene que ser posible aprobarlo tan pronto como se pueda”, ha insistido el secretario de Estado para la UE.

Dudas que se mantienen

Las dudas de los estados miembros reticentes siguen siendo las mismas. Ya el mes de mayo, países como Alemania, Suecia, Finlandia o Austria pidieron al gobierno español "más claridad" sobre las implicaciones económicas y jurídicas.

Para intentar convencer las capitales, el gobierno español ha presentado una nueva propuesta en las últimas semanas que introduce un nuevo artículo por "aclarar todavía más" el compromiso de España con el pago de los costes derivados de la implementación de la oficialidad, que la Comisión Europea cifró en 132 millones de euros según una estimación basada en la implementación de la oficialidad del gaélico.

Sin embargo, el principal escollo son las implicaciones legales. España defiende que para ampliar la lista de lenguas oficiales de la UE no es necesario cambiar los Tratados de la UE. Sin embargo, fuentes del Consejo de la UE explicaron a la ACN que los servicios jurídicos de la institución han expresado en varias reuniones -incluida la del 27 de mayo- que para poder acomodar la solicitud de España y añadir nuevos idiomas a la lista, es necesario modificar" los tratados.

La ministra de Austria de Asuntos Europeos, Claudia Plakolm, ha dicho abiertamente a su llegada a la reunión que no puede dar apoyo a la propuesta por la opinión de los servicios jurídicos del Consejo de la UE. "Los tenemos que tomar muy seriamente, y la opinión de los servicios legales no ha cambiado", ha indicado. "En otras palabras, mientras haya una propuesta sobre la mesa que presente dudas legales que no hayan sido clarificadas, no es posible dar nuestra aprobación", ha remachado.

España sostiene que la reforma de estos no es necesaria porque el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la UE dice que "el Consejo, por unanimidad y mediante reglamentos, determinará el régimen lingüístico de las instituciones de la UE". "No es necesario modificar el tratado", subraya el ministerio de Albares en el memorándum que ha hecho circular entre las capitales.