El Govern reivindica su gestión y “la vuelta de la estabilidad” tras un año de Illa al frente

El Govern de Catalunya reivindicó ayer su gestión un año después del nombramiento de Salvador Illa como president de la Generalitat. En un comunicado, el Executiu destacó “la vuelta de la estabilidad y la generación de prosperidad compartida” como principales logros en su primer año, del que hace un “balance positivo”.

“Se han dado los primeros pasos de una etapa de retorno al diálogo y de máxima ambición”, manifestó el Govern, que aseguró velar por el “cumplimiento de los acuerdos de investidura” con ERC y Comuns. Además, fijó como prioridad recuperar el liderazgo económico de Catalunya para “compartir la prosperidad, facilitar el acceso a la vivienda, reforzar la seguridad e impulsar una reforma de los servicios públicos”.

El primer año de legislatura de Illa quedó marcado por el acuerdo de financiación singular con el Gobierno central, condición de ERC para apoyar la investidura. El Govern pactó que Catalunya salga del régimen común de financiación y que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) gestione todos los impuestos. Estaba previsto que la Generalitat empezara a recaudar el IRPF en 2026, pero según el plan director anunciado por las autoridades catalanas ha quedado aplazado dos años.

El Govern aprobó la constitución de la empresa Rodalies de Catalunya, de la que Renfe poseerá el 50,1% y la Generalitat el 49,9%, aunque con mayoría en el consejo de administración, y también la ampliación del aeropuerto de El Prat. Sin embargo, no ha podido aprobar los presupuestos de 2025 y ha sobrevivido con suplementos de crédito del curso anterior.

Críticas de la oposición

Proyectos como el del aeropuerto o los problemas con la financiación y Rodalies han provocado disputas de Illa con sus socios, ERC y Comuns, aunque Junts ha sido el más crítico. Mònica Sales, portavoz de los juntistas, afirmó que el Govern “suspende claramente” y que “Catalunya está peor que hace un año”. Señaló, además, los problemas en la conselleria de Educación con la asignación de plazas docentes y de Formación Profesional. “Ni presupuestos, ni modelo de financiación singular, ni traspaso real de Rodalies”, denunció Sales, que añadió que Junts es la “única alternativa sólida” al “Govern de los incumplimientos” y de la “sumisión” a Madrid.

En la misma línea, la portavoz de ERC, Ester Capella, pidió a Illa que “no viva subordinado al Gobierno ni al PSOE”, mientras que la secretaria general de la formación, Elisenda Alamany, criticó la “brecha” entre el crecimiento económico de Catalunya y la riqueza de sus ciudadanos.

Por su parte, el portavoz de Comuns, David Cid, envió al Govern “a septiembre” por su “suspenso” en Rodalies y exigió los cumplimientos del acuerdo de investidura, sobre todo en materia de vivienda.

Mientras, el portavoz del Partido Popular de Catalunya, Juan Fernández, calificó como “estafa” el primer año de Illa como president por no “romper con la etapa del procés separatista”.

Puigdemont asegura que seguiría en la cárcel si se hubiera entregado

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont afirmó un año después de su retorno a Catalunya que “aún estaría en la prisión y a punto de ser juzgado y condenado” si hubiera sido detenido al asistir al acto de investidura del actual jefe del Executiu, Salvador Illa, y a ocupar su escaño como diputado en el Parlament.

Después de siete años en Bélgica, Puigdemont volvió a Barcelona de incógnito y con una orden de detención el 8 de agosto de 2024. El líder de Junts dio un discurso en un acto en Arc de Triomf, en oposición al nombramiento de Illa como president, y cuando parecía que iba hacia el Parlament, desapareció y regresó a Waterloo sin ser detenido, con la presunta ayuda de tres agentes de los Mossos d’Esquadra que fueron suspendidos de empleo y sueldo –aunque hace unos días volvieron al trabajo–.

Puigdemont defendió que tenía “el derecho y el deber de estar en el debate de investidura”, pero ante la imposibilidad de llegar al Parlament, “era evidente que cualquier intento habría equivalido a una entrega voluntaria”, algo que no ha estado nunca en sus “previsiones ni intenciones”.

“Había que poner en evidencia una anomalía democrática grave. Si el Estado español creía que tenía el deber de impedir mi acceso al Parlament, yo tenía el deber de intentar evitar mi detención”, manifestó el expresident, que también denunció la “pasividad” del Gobierno central frente a la “actitud golpista” del Tribunal Supremo, que se muestra contrario a amnistiar el delito de malversación que pesa sobre Puigdemont y varios líderes del 1-O.

Finalmente, el dirigente de Junts apeló a mantener la posición pese a las dificultades. “No siempre es cómodo ni agradable, pero es una actitud fundamental que no deberíamos abandonar nunca”, declaró el expresident.