El fiscal general se ve víctima de una “operación” del entorno de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido su inocencia y ha reivindicado su actuación “en defensa de la Fiscalía” en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el que las acusaciones piden entre 4 y 6 años de cárcel para García Ortiz por revelación de secretos. En un escrito remitido al Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado alega que “los hechos atribuidos no constituyen ilícito penal alguno” y denuncia una “operación perfectamente orquestada” desde la Comunidad de Madrid para presentar al novio de Ayuso –al que han pedido citar a declarar– como “víctima de una operación política”.

García Ortiz filtró supuestamente un correo a la Cadena SER en el que González Amador admitía haber cometido un fraude fiscal para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, y su defensa sostiene que el jefe de gabinete de Comunicación del Ejecutivo madrileño diseñó una estrategia de “relato alternativo” para hacer creer que fue el propio fiscal quien ofreció –por “órdenes de arriba”– el pacto al novio de Ayuso, por lo que García Ortiz tuvo que “salir al paso” para acabar con “informaciones inveraces”.

En su declaración, González Amador afirmó que la confesión la hizo “por su cuenta” su letrado, Carlos Neira, sin que él lo supiera o autorizara, mientras que Neira aseguró que el empresario le había pedido llegar a un acuerdo, aunque no le enseñó la versión final del correo para “agilizar” los trámites.

Mayoría conservadora

Paralelamente, el Tribunal Supremo dio ayer a conocer el tribunal que juzgará –supuestamente en noviembre– al fiscal general por el delito de revelación de secretos. Estará compuesto por siete magistrados de mayoría conservadora, entre ellos Manuel Marchena, uno de los encargados de llevar el procés. Sin embargo, la ponente será la magistrada progresista Susana Polo.

■ La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó la “persecución que está sufriendo” el juez Juan Carlos Peinado por el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo que “no tiene cabida en una democracia liberal”. “Nunca he visto un trabajo más denodado y calculado de los poderes del Estado contra un juez”, afirmó Ayuso, que calificó como “algo nunca visto” que Peinado haya demandado a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente por “vulnerar su derecho al honor”.

Mientras, la portavoz del PP, Ester Muñoz, quiso diferenciar entre los casos de Gómez y el novio de Ayuso, Alberto González Amador, afirmando que el empresario “no se ha valido de ella para hacer negocios”.