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ADMINISTRACIÓN

Aprobada la ley que elimina la obligatoriedad de cita previa

Reconoce el derecho a no ser perjudicado por errores relacionados con prestaciones esenciales. Consenso en el Parlament, con abstenciones de Vox y Aliança

El president del Govern, Salvador Illa, en la sesión de control en el Parlament. - ACN

El president del Govern, Salvador Illa, en la sesión de control en el Parlament. - ACN

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El Parlament aprobó ayer la proposición de ley sobre el derecho a una atención adecuada y una buena administración, que reconocerá, entre otras medidas, la prohición de la obligatoriedad de la cita previa para ser atendido y el derecho de las personas a rectificar ante la administración para evitar sanciones por errores cometidos con buena fe.

El texto se aprobó con el voto favorable de PSC, Junts, ERC, PP, Comuns y CUP, mientras que Vox y Aliança Catalana se abstuvieron. Se aprobaron 4 de las 21 enmiendas que presentaba Junts, mientras que fueron rechazadas las tres presentadas por el PP. La norma contempla el derecho de la ciudadanía a no ser perjudicada por errores de la administración que estén relacionados con prestaciones que cubran necesidades esenciales. Además, incorpora la obligación de la claridad del lenguaje administrativo y establece que los empleados públicos sólo serán responsables por acciones u omisiones hechas con culpa o negligencia grave.

La diputada del PSC Ivana Martínez afirmó que la ley representa “el inicio de una gran reforma de la administración” y que permitirá una relación más “justa, cercana y humana” con la ciudadanía, mientras que el diputado de Junts Isaac Padrós acusó a PSC, ERC y Comuns de negar facilitar la vida a los ciudadanos. “Quien es de izquierdas no puede decir a la gente que, si no entiende un papel, que contrate a un abogado. Es una vergüenza”, denunció. Por su parte, la diputada del PP Àngels Esteller exigió no relegar el castellano.

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El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó ayer que el Govern estudia “a fondo” la posibilidad de prohibir las compras de vivienda con fines especulativos en Catalunya, pero avisó que no es “sencillo” desde el punto de vista jurídico. Así lo dijo en la sesión de control al Govern, después de que la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, le advirtiera que será un tema “central” en la negociación de los presupuestos, que Illa no presentará hasta que “los tenga acordados”.

Precisamente, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la titular de Economía, Alícia Romero, se reunieron ayer con el portavoz de ERC, Isaac Albert, para abordar el sistema de financiación singular, que según Romero, debe ser “solidario pero respetando el principio de ordinalidad”. ERC ya dejó claro que no negociará las cuentas hasta que llegue el nuevo sistema, mientras que Comuns lamentó que todavía no haya programado ningún encuentro para hacer balance del curso y negociar los presupuestos.

Por su parte, el líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, cargó contra Illa por “prometer” cuentas ya en 2024 y acusó a los socialistas de ser “campeones en incumplimientos” en el Congreso y en el Parlament. “Y mientras usted calla ante Madrid”, añadió.

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