El Supremo condena al fiscal general a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial para ejercer ese cargo y a 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una semana después de que acabase el juicio —el primero que sentaba en el banquillo a un fiscal general del Estado-, el alto tribunal ha adelantado el fallo de una sentencia que contará con el voto discrepante de dos de los siete magistrados, las progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo. El presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, asume la ponencia de una sentencia aún por redactar. Álvaro García Ortiz deberá pagar una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y las costas procesales del juicio, incluyendo las de la acusación particular que ejerció este empresario. La decisión del alto tribunal, que es firme, supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, donde llegó en julio de 2022.

Durante seis jornadas, García Ortiz se sentó en el banquillo acusado de filtrar a la prensa un correo del abogado de González Amador en el que reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda con el objetivo de llegar a un acuerdo con el fiscal que le investigaba. Las acusaciones destacaron que la información de dicha confesión sirvió para elaborar la nota de prensa con la que la Fiscalía aclaró que es la pareja de Díaz Ayuso quien ofrecía un pacto al fiscal y no al revés, como se había difundido en varios medios y había transmitido el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. La defensa del fiscal general subrayó el valor del testimonio de varios periodistas que aseguraron que conocieron dicho correo antes que el fiscal general del Estado.

García Ortiz podrá presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo Supremo como paso previo e imprescindible para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno asume pero no comparte el fallo contra el fiscal general del Estado, al que ya busca un sustituto. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dijo que la discrepancia con la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz “no puede conllevar desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia”. Dijo que el Gobierno “tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente” que no lo comparte. en esta línea, trasladó su reconocimiento a la labor de García Ortiz como fiscal general del Estado “y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad”, tras haber sido condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados. De hecho, durante todo el proceso, todo el Gobierno ha defendido la inocencia del máximo responsable de la Fiscalía.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, emplazó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a asumir responsabilidades políticas tras la condena al fiscal general del Estado. A su entender, con un “mínimo de decencia no habría otra salida” que dimitir. Para Feijoo, Álvaro García Ortiz se prestó a “ser peón” en la “operación política” contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La propia presidenta madrileña dijo tras conocer el fallo del Supremo que “hoy el mundo sabe lo que está pasando en España”.

Sumar arremetió contra la condena al fiscal general, que calificó de “golpe judicial en toda regla”, y en parecidos términos Podemos tachó de “puro golpismo judicial” la inhabilitación. Vox, por el contrario, considera que la decisión del Supremo es “otro hito de la vergüenza del Gobierno” y pidió elecciones “por dignidad”.

La ministra Rego critica “militantes con toga”

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, recriminó que la condena del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz es una “ruptura de la separación de poderes” y un “mensaje de poder” a todo el país “por parte de los militantes con toga”. Para Rego, dirigente de IU, esta resolución “no es solo una condena” y llamó a “democratizar la justicia” con “valentía y determinación” ante la “ofensiva ultra”.

Rufián: “Hoy los golpes se hacen en sede de judicial”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó tras la sentencia del Supremo que “hoy los golpes de Estado se hacen en sede judicial” y que “hace mucho tiempo que una parte del Poder Judicial hace política y utiliza su toga para ir en contra de unas personas, movimientos, ideas y partidos determinados”. El diputado independentista advirtió que lo mismo le va a pasar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

“Para el PSOE, la Justicia no es justa cuando le afecta”

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se quejó ayer de que los socialistas sólo critican las resoluciones judiciales cuando les perjudican a ellos. “Para el PSOE la Justicia deja de ser justa solo cuando les afecta a ellos”, indicó, en referencia a la reacción del Gobierno contra la condena al fiscal general del Estado. Apuntó que los catalanes son “los menos sorprendidos” por la decisión del Supremo.