Un ex director de la Guardia Civil, fuera del caso Pegasus

El Tribunal Supremo ha descartado investigar al ex director de la Guardia Civil y ahora magistrado del propio Supremo, Félix Azón, por el espionaje a empresarios catalanes con los programas Pegasus y Candiru. La causa se derivó de la Audiencia Nacional a un juzgado barcelonés y también afectaba a la exdirectora del instituto armado María Gámez y directivos de las empresas tecnológicas. Sin embargo, Azón, al ser aforado en el Supremo, pidió la inhibición del juzgado barcelonés en este tribunal.

El magistrado barcelonés archivó la parte de la querella que afectaba a Azón, continuó con el resto y no elevó una exposición razonada al Supremo. Los querellantes tampoco presentaron una querella en el Supremo contra Azón. Por eso, ahora el Alto Tribunal dice que, siguiendo el criterio de la fiscalía, no hay abierta ninguna causa contra Azón y que, como no se presentó querella al Supremo contra él tampoco la abrirá. De hecho, advierte a los querellantes que si quieren presentar ahora una querella deberían hacerlo con argumentos diferentes y nuevos de los que había en el 2025 cuando presentaron la primera.

Paralelamente, más de un centenar de entidades sociales y de derechos humanos y más de 50 personalidades de la cultura y la comunicación han impulsado un manifiesto para apoyar a Roger Español, el independentista que perdió un ojo por una bola de goma de la Policía Nacional el 1 de octubre del 2017 en Barcelona. El juicio contra los cuatro policías acusados de su lesión arrancará el próximo mes de septiembre. El proceso, que se celebrará los días 16, 17 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2026 en la Audiencia de Barcelona, es clave para determinar si el disparo fue intencionado y si esto puede considerarse tortura. El activista considera que su caso debe servir para prohibir todas las armas policiales “menos letales” en todo el Estado y para denunciar la “represión” contra todos los votantes independentistas heridos ese día por las cargas policiales. Nueve años después de los hechos, las entidades impulsoras, como Irídia, Òmnium Cultural y la ANC, denuncian la violencia policial ejercida durante el 1-O.