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TRIBUNALES UNIVERSIDAD

Absueltos los 5 alumnos que vetaron un acto en la UdL

Actualizada 08/02/2020 a las 08:55

La juez ve solo coacciones leves || Fiscalía les acusó de un delito contra el derecho de reunión y pedía 5.000 € a cada uno

La protesta contra l’acte de Telefónica el 2017.

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© La protesta contra l'acte de Telefónica el 2017.

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El juzgado de instrucción número 2 de Lleida ha absuelto a cinco jóvenes que en mayo de 2017 protestaron contra un acto de Telefónica que debía celebrarse en el salón Víctor Siurana de la Universitat de Lleida (UdL), que se acabó suspendiendo. Según fuentes judiciales, la juez ha tomado esta decisión al considerar que los hechos serían constitutivos de coacciones leves y no de un delito contra los derechos fundamentales por impedir el derecho de reunión, como sostenía la Fiscalía. Además, según la ley, para condenar a alguien por coacciones leves es necesario que el afectado presente denuncia y, en este caso, la UdL no la interpuso, sino que fue la Fiscalía quien actuó de oficio. El ministerio público tiene ahora diez días para recurrir la sentencia. Un portavoz del actual equipo rectoral afirmó que “la absolución está en la línea con la decisión de la UdL de no presentarse como acusación” y defendió que “los conflictos, mejor resolverlos sin judicializarlos”.

Los hechos ocurrieron el 3 de mayo del año 2017, cuando uno de los patrones de la Fundación Telefónica, Luis Solana, tenía previsto impartir una conferencia en la UdL y presentar el estudio “La relación de la Universitat de Lleida con las empresas”. El acto, enmarcado en una jornada sobre empresa y universidad, se acabó anulando a raíz de un protesta de alumnos que portaban una pancarta con el lema “Fora empreses privades de la Universitat. No sou benvinguts” y no accedieron a las peticiones del rector en ese momento, Roberto Fernández, de que desistieran de su acción.

 


Los estudiantes protestaron contra un acto de Telefónica, que se acabó suspendiendo

 

Para el Ministerio Fiscal, estos estudiantes cometieron un delito contra el derecho de reunión y otro de desórdenes públicos con coacciones, motivo por el cual pedía una multa de 5.000 euros para cada uno. Por su parte, las defensas reclamaron su absolución al entender que se trató de una protesta pacífica contra la privatización de la universidad. Asimismo, consideraron que la suspensión del acto fue una decisión del exrector y que en ningún caso ese era el objetivo de los participantes en la protesta.

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