Una medida sin precedentes

El gobierno de Madrid ha decidido apretar las tuercas al gobierno catalán por dónde más daño puede hacer: con el control financiero de sus cuentas y la amenaza de suspender la financiación que aporta el Fondo de Liquidez Autonómico, la línea de crédito aprobada para garantizar financiación a las autonomías y facilitar su funcionamiento económico. El portavoz del gobierno central anunció la decisión de la comisión delegada de asuntos económicos por la que los interventores de la Generalitat deberán enviar semanalmente un informe sobre los gastos efectuados para controlar que no se desvía ni un euro a la infraestructura del referéndum del 1 de octubre, con la amenaza explícita de que si se incumple su orden, dejará de llegar dinero del FLA. Y no estamos hablando de minucias, porque desde 2012 el FLA ha aportado 62.000 millones a la autonomía catalana y para este 2017 están asignados 3.600 millones, según los datos facilitados por el mismo ministro. En la práctica, esta medida de control afecta directamente a la autonomía financiera y jurídicamente puede ser cuestionada porque se plantea sin que haya ningún decreto, ni ninguna resolución por escrito que comprometa estos gastos, pero Madrid aplica de inmediato lo que en la práctica es una intervención financiera de la Generalitat y la próxima semana tiene que enviar el primer informe. De aplicarse la medida, que es algo más que una amenaza preventiva, habrá que ver la capacidad de la Generalitat para conseguir una financiación alternativa en los mercados porque en caso contrario podría verse abocada a una suspensión de pagos con consecuencias extraordinariamente graves que podrían llegar a afectar al mismo Estado español y a su credibilidad en los mercados internacionales. Podrían verse perjudicados los trabajadores de la Generalitat y también sus proveedores, pero hay que tener en cuenta que el principal acreedor de la Generalitat es el mismo Estado español, porque de los 75.000 millones a que asciende la deuda autonómica, más de 50.000 se deben al mismo Estado español que tampoco podría recuperarlos. La repercusión de esta medida en los mercados también salpicaría a la solvencia del Estado español, tendría una difícil defensa si la única causa esgrimida es la posibilidad de convocar un referéndum y perjudicaría gravemente a la salida de la crisis. Cabe confiar en que todo quede en amenaza y haya margen de negociación.