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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las restricciones de movilidad impuestas por el ministerio de Sanidad en la capital y otros nueve municipios por entender que suponen “una injerencia en los derechos fundamentales sin una habilitación legal que la ampare”. Es decir, que no se puede impedir la salida de los ciudadanos si no hay un estado de alarma que permita restringir los derechos como sucedió en el primer confinamiento. Se ha repetido la historia que vivimos en Lleida el 12 de julio cuando la jueza de instrucción número 1 anuló el confinamiento de la ciudad y otros nueve pueblos de la comarca decretado horas antes por la Generalitat. Se subsanó la anulación con un decreto de la Generalitat y un debate jurídico en el que unos apoyaban el respeto a los derechos fundamentales y otros calificaban la anulación como un disparate jurídico porque estábamos ante un momento de excepcionalidad y la situación sanitaria justificaba el confinamiento en base a la ley general de Salud Pública y hasta se llegó a hablar de injerencia judicial en la autonomía sanitaria catalana. Ahora se ha repetido la situación pero afectando a la capital del Estado, con un choque entre el Estado central y la autonomía madrileña con los jueces por medio, lo que viene a demostrar que somos capaces de tropezar varias veces en la misma piedra sin resolver el problema. Vista la situación sanitaria de Madrid, con el mayor índice de casos de Covid-19 de Europa y una tendencia a empeorar, parece ocioso entretenerse en discusiones bizantinas, pero es evidente que el Gobierno también debería ser riguroso a la hora de plantear medidas, respetando la legalidad y por otra parte que, como ya se dijo en el caso de Lleida, los jueces no son epidemiólogos y que, en una situación excepcional como la que vivimos, lo prioritario es combatir la epidemia y tomar todas las medidas necesarias con la máxima urgencia. La cuestión puede resolverse fácilmente decretando un estado de alarma parcial en Madrid o como se hizo en Catalunya con el caso de Lleida o previamente Igualada, pero se habrá perdido un tiempo precioso, se ha multiplicado la imagen de enfrentamiento entre políticos y jueces y entre los mismos partidos y, mientras, la pandemia sigue su expansión. Y ojalá que no hagan falta más confinamientos parciales, pero si se tuviera que tomar esta decisión que no se repitan los mismos errores.

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