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Mañana viernes acaba el toque de queda instaurado en Catalunya en vísperas de Navidad, después de que en esta quincena de enero hayamos registrado récords de contagios que por suerte han provocado menos muertes e ingresos hospitalarios que en oleadas anteriores, pero sí que ha tenido una mayor capacidad de contagio. Anuncian que se mantendrán el resto de restricciones sobre aforos y personas que se puedan reunir y según la portavoz de la Generalitat estamos a la espera de que el comité asesor se pronuncie sobre si el certificado Covid es útil con la ómicron para decidir si se retira o no. A tenor de estas declaraciones, cabe deducir que no están convencidos de que la exigencia del certificado Covid sea eficaz en estos momentos, o que el toque de queda tampoco ha servido para evitar el récord de contagios y entonces es ineludible preguntarse por qué han puesto en marcha estas restricciones si hay dudas sobre su eficacia.

Se puede argumentar que de no haberse aplicado, tal vez los contagios se hubieran multiplicado aún más, pero la comparativa con otras autonomías que no han sido tan drásticas no despejan las dudas y en cualquier caso habría que plantearse por qué las retiran, o se lo plantean, cuando aún seguimos con una propagación de récord. Da la impresión de que se toman algunas medidas para justificar que se actúa pero los sucesivos cambios en los protocolos en educación o en el procedimiento para altas y bajas y el levantamiento de alguna restricción hace pensar que se está “gripalizando” la actuación contra el Covid, se da por asumido que habrá muchos contagios y se actúa para no saturar la sanidad primaria ni la atención hospitalaria. Puede entenderse porque estamos ante una pandemia nueva con variantes aún desconocidas y porque parece evidente que no requiere la misma respuesta la variante delta de hace unos meses que la ómicron actual, pero también habría que adaptar las respuestas y no seguir con restricciones idénticas a las de hace unos meses sin tener evaluada su eficacia antes de ponerlas en marcha.Los bonos para jóvenesEl Gobierno ha aprobado un bono de 250 euros al mes para jóvenes entre 18 y 34 años que cobren menos de 24.318 euros para que cubran el alquiler de sus viviendas.

Es un proyecto bienintencionado, pero se queda corto porque tiene un horizonte de dos años, no afecta a pisos con alquileres superiores a 600 euros, 900 en zonas más caras y porque está previsto que beneficie solo a 70.000 jóvenes en toda España. Puede provocar un aumento de los precios de alquiler si no se fijan topes como está previsto y es un parche porque hace falta aumentar la oferta con más pisos sociales o liberalizar los vacíos.

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