Un cajero en cada pueblo

En más de la mitad de los municipios de Lleida, en 132 sobre 231, los vecinos no disponen de oficina bancaria, ni de cajero, para retirar el dinero de sus cuentas o hacer los más elementales trámites bancarios. En Catalunya son 443 los pueblos que no disponen de estos servicios y que convierte a sus vecinos en ciudadanos de segunda, discriminados por las estrategias bancarias y porque ninguna administración se ha preocupado por garantizar un servicio y un derecho elemental. La Diputación de Lleida ha anunciado que destinará 500.000 euros a paliar esta carencia, aunque aún no sabe como se implementará y la de Barcelona también ha asignado una partida de un millón de euros para que se coloquen cajeros en los pueblos donde no hay, pero el mismo conseller de Economía ha matizado que no deben destinarse dineros públicos para un servicio financiero que considera básico.

Su propuesta es una proposición de ley que trasladará a todos los grupos del Congreso para que se apruebe por ley que todos los pueblos dispongan de un cajero o bien de un servicio bancario móvil que les atienda durante unos días por semana. Las asignaciones a las diversas entidades se harían de forma voluntaria según la cuota de mercado en una primera fase y por designación obligatoria por la administración en el caso de que no hubiera ninguna entidad interesada, sufragado siempre por bancos y cajas a través de un fondo gestionado por el ministerio de Economía con aportaciones obligatorias. El conseller Giró ha explicado que recurren a una proposición de ley para que se tramite en el ámbito estatal porque prácticamente no tienen competencias sobre el tema y es una buena iniciativa para evitar la discriminación que padecen más de 40.000 leridanos y 250.000 catalanes que tienen que desplazarse de sus pueblos para gestionar sus ahorros o sus pagos, con especial incidencia de los que tienen más edad que se convierten en marginados financieros.

Habrá que reclamar celeridad en la tramitación para evitar que se agrave el problema y será una buena oportunidad para comprobar el grado de compromiso de los diferentes partidos en la lucha contra la despoblación y el abandono rural. Se han creado organismos específicos para abordar la cuestión y se han abierto muchos debates, pero hasta ahora se han visto pocos frutos y los servicios en las áreas rurales siguen disminuyendo. La despoblación rural, y el envejecimiento de su población, es consecuencia de la falta de servicios que padecen, y los bancarios solo son la parte de un todo que englobaría la educación, la sanidad o las comunicaciones, y de la desigualdad de oportunidades frente a la población urbana y no se frenará hasta que se garanticen los mismos servicios o se compense por los sacrificios y los costes que representa vivir en un pueblo.

Hay que frenar la despoblación con hechos e iniciativas.