El sistema educativo necesita tranquilidad

El sorpresivo anuncio por parte del presidente de la Generalitat y del conseller de Educación de que el próximo curso escolar comenzará una semana antes ha generado un gran malestar entre el personal docente, que ha llevado a los principales sindicatos del sector a anunciar la convocatoria de 5 días de huelga el próximo mes de marzo y a amenazar con no iniciar el nuevo curso. Se trata de una postura maximalista, que ilustra la situación de guerra abierta entre los representantes del profesorado y la conselleria. Visto desde fuera, adelantar una semana la vuelta a las aulas en Infantil y Primaria (el 5 de septiembre) y cinco días en Secundaria (el día 7) no parece una transformación tan radical de la organización del curso, y más teniendo en cuenta que durante todo el mes de septiembre solo habrá clases por la mañana.

Ahora bien, el conseller Gonzàlez-Cambray ha abordado este cambio con una postura también maximalista, ignorando al conjunto de la comunidad educativa. Lo lógico es que una modificación que afecta a centenares de miles de familias y a decenas de miles de docentes sea aprobada tras un proceso previo de consulta. El Govern tiene toda la potestad de tomar la decisión que considere más oportuna, pero siempre es mejor hacerlo tras pulsar la opinión de los afectados que sin informar antes a nadie.

Por las declaraciones que ha hecho en los últimos días, da la impresión de que el conseller ha actuado de esta manera para intentar sortear la oposición frontal de los docentes, que daba por descontada. No obstante, ahora se encuentra con un rechazo aún mayor por parte de estos, sin que los representantes de los padres hayan salido en su defensa, al sentirse también ninguneados, a pesar de que el Govern insiste en que ha tomado esta decisión porque beneficia a los alumnos y a sus familias. Además, el anuncio de la misma llegó pocos días después de que Educación notificara a los centros la propuesta del nuevo currículum educativo y de que hiciera público que todos los docentes deberán acreditar el nivel C2 de catalán para poder ejercer, a partir de 2024 los que se incorporen al sistema educativo y de forma progresiva los que forman parte del mismo.

Ambas medidas ya provocaron malestar entre los docentes, porque por un lado, ni tan siquiera los representantes de los directores de los centros estaban al tanto del contenido del nuevo currículum y, por el otro, es una cuestión que afecta a los requisitos para poder trabajar y tampoco había sido planteada a los representantes sindicales. Y a todos estos conflictos se les suma el provocado por el sinsentido de que la justicia acabe interviniendo en el sistema educativo fijando el 25% de clases en castellano. Desde hace demasiado tiempo, el sistema educativo está inmerso en continuos cambios normativos y demasiados conflictos que no ayudan en nada, sino todo lo contrario, a su mejora.