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La cuerda floja que sostenía en precario equilibrio al Govern de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya es hoy un poco más fina que ayer. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) envía a juicio a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por los delitos de prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para supuestamente adjudicárselos a un amigo. La crisis política está servida.

Junts insiste en que se trata de un juicio político y la presidenta del Parlament dice que no dimitirá. Pero Borràs se ha quedado sin apoyos. Tres de los cuatro partidos representados en la Mesa, ERC, PSC y la CUP, ya han avanzado que mañana pedirán que sea suspendida de sus funciones como prevé el artículo 25.4 del reglamento.

Un artículo envenenado, pero aprobado por los partidos independentistas. Esta norma establece que la Mesa debe acordar la suspensión automática de un diputado si un juez le lleva a juicio por un delito relacionado con la corrupción. El 25.4 concede un poder excesivo a los jueces para decidir la constitución de un Parlament, ya que, aunque es cierto que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y, en el supuesto de que el político suspendido fuera finalmente absuelto, recuperaría su condición de diputado, eso ocurriría mucho tiempo después de la suspensión, sobre todo teniendo en cuenta que la sentencia es recurrible antes de ser firme, y a la práctica el diputado suspendido ya no podría recuperar su carrera política.

Dicho esto, el reglamento dice lo que dice y lo que tiene que hacer la Mesa es aplicarlo. Sobre todo su presidenta, una de cuyas primeras funciones es garantizar que se cumple este reglamento. Laura Borràs ha basado su defensa en una supuesta persecución política por su ideología, lo que no ha gustado a ERC y la CUP, que no le compran que su caso pueda equipararse al de los líderes independentistas que han estado 4 años en la cárcel por delitos relacionados con el 1-O.

Así las cosas, hoy se reúne la mesa de diálogo después de que los presidentes Pere Aragonès y Pedro Sánchez rompieran el hielo hace una semana. Ni Junts ni la CUP apoyan esta vía y, de hecho, no habrá ningún miembro del Govern del partido de Laura Borràs en la reunión. Acabar la legislatura en estas condiciones parece muy complicado, pero todo es posible en política.

Torreblanca

El futuro polígono industrial de Torreblanca i Quatre Pilans tendrá una megaparcela de 135 hectáreas única en Catalunya para poder acoger instalaciones de empresas multinacionales. Sin duda, una buena noticia para los intereses económicos de las comarcas de Lleida.

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