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El acuerdo in extremis entre el PSOE y Junts para aprobar una ley orgánica que permita a Catalunya “la gestión integral de la inmigración” ha puesto el tema en el centro del debate político. Y abordar esta cuestión con serenidad y pluralmente es fundamental y, por tanto, positivo. De entrada hay que subrayar que Catalunya tiene una situación especial que pide también un tratamiento diferenciado respecto a otros territorios del Estado español. Para empezar, el porcentaje de población inmigrante es superior a la media española (un 17% frente a un 13%), y también su procedencia es más variada, con una importante presencia de población de origen norteafricano y asiático. De hecho, la población inmigrante residente en Catalunya representa un 23% del total español, un peso muy superior a la población (16%) o el PIB (19%). Y esto se produce en un territorio con una cultura y una lengua propias que según todos los indicadores están en retroceso y que, por tanto, necesitan una protección especial y muchos recursos. De hecho, esta es una previsión que ya aparece en el actual Estatut, pero que nunca ha sido desplegada. Por ejemplo, el Estatut faculta a “participar en las decisiones del Estado sobre inmigración que tengan una trascendencia especial para Catalunya y, en particular, la participación en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros”. Sin embargo, la sentencia del TC sobre el Estatut, como hizo con muchos otros artículos, limitó su alcance para aclarar que “la competencia en materia de entrada y residencia de extranjeros se inscribe en el ámbito de la inmigración y la extranjería, que son exclusivas del Estado”. Sea traspaso integral o delegación de competencias, es evidente que abordar este tema es básico, tanto para asegurar su integración como para garantizar la multiculturalidad de la que Catalunya, como tierra de acogida, siempre ha hecho gala. Y todo esto no ha de impedir el debate sobre porcentajes o si hay que acotar o no su llegada y cómo se adaptan a nuestras leyes, costumbres y avances democráticos y de igualdad que tanto ha costado conseguir. Y hacerlo con sensatez y amplitud de miras evitará dejar en manos de la xenofobia de la extrema derecha la discusión.Empresas agrarias fuertesLa intención de Actel y Fruits de Ponent hecha pública el miércoles de crear una gran empresa agraria y unir esfuerzos para la comercialización de sus producciones es una buena noticia porque Lleida, además de un sector agroalimentario fuerte en producción, requiere de grandes empresas comercializadoras que aseguren el futuro del sector primario de las comarcas de Lleida, Pirineo y Aran, y más en tiempos de crisis como los actuales

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